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ASUNCIÓN- La jueza especializada en Crimen Organizado, Lici Teresita Sánchez, emitió un exhorto formal a las autoridades venezolanas solicitando la extradición de seis mujeres del clan Villalba, sindicadas como parte del soporte logístico del grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Estas mujeres, familiares de la condenada Carmen Villalba, enfrentan acusaciones por facilitar recursos, adoctrinar menores y establecer redes de apoyo internacional para el grupo criminal.
El pedido se fundamenta en la solicitud del fiscal Federico Delfino, quien señala que las prófugas abandonaron Argentina tras perder su condición de refugiadas políticas bajo el gobierno de Javier Milei. Posteriormente, habrían ingresado ilegalmente a Bolivia y, finalmente, llegaron a Venezuela, donde buscaron nuevamente el estatus de refugiadas.
Sin tratado, pero con el principio de reciprocidad
Dado que Paraguay y Venezuela no cuentan con un tratado de extradición vigente, el requerimiento se basa en el principio de reciprocidad internacional. Este principio, reconocido por el derecho internacional consuetudinario, permite avanzar en casos donde no existan acuerdos bilaterales específicos.
El exhorto incluye disposiciones legales como los artículos 146 y 147 del Código Procesal Penal paraguayo, que regulan los requerimientos internacionales y los procedimientos de extradición. “Esta Judicatura considera ajustado a derecho el requerimiento fiscal para formalizar el pedido de extradición de las ciudadanas ante la República Bolivariana de Venezuela”, afirma la resolución.
Órdenes de captura internacional
Las seis mujeres buscadas son: Mariana Ayala López, Myrian Villalba Ayala, María Rosa Villalba, Claudia Villalba, Tania Caballero Villalba y Viviana Caballero Villalba. Actualmente, cuentan con órdenes de captura a nivel nacional e internacional y se encuentran en estado de rebeldía.
Las autoridades paraguayas sostienen que su rol fue clave en la estructura operativa del EPP, destacándose en el adoctrinamiento de menores que luego eran integrados al grupo armado. La resolución judicial representa un paso importante en el intento de que estas personas enfrenten a la justicia en Paraguay.
