
ASUNCIÓN.- La fiscal Sussy Riquelme investiga un presunto hecho de abuso sexual en niños, hecho que se le atribuye al sacerdote Gumercindo Caputo Segovia, quien fue denunciado por el Arzobispado. En el documento presentado por la citada prelatura se indica que religioso habría forzado a dos menores, cuando estuvo ejerciendo el ministerio católico en Villa Elisa. Llamativamente la Iglesia Católica de nuestro país no realizó el mismo procedimiento cuando albergaron a los sacerdotes pedófilos que huyeron de la Argentina.
La denuncia contra Caputo se formuló el lunes 2 de mayo, ante la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alicia Pucheta. Ese mismo día, la ministra del Poder Judicial remitió el caso al fiscal general del Estado Javier Díaz Verón, quien designó a la agente fiscal Sussy Riquelme para la investigación del caso. El sacerdote sometido a investigación penal tiene 53 años. Una de las víctimas, un tiempo después, presentó la denuncia en el Arzobispado, que llevó adelante el proceso correspondiente.
Caputo, es oriundo de Itá, y se desempeñó como sacerdote en varias parroquias capitalinas y del área Metropolitana. Ocupó importantes cargos, entre ellos el de coordinador de la Pastoral Vocacional de la Arquidiócesis y secretario ejecutivo de la Coordinación Nacional de Presbíteros de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Fue por mucho tiempo párroco de la parroquia San Cristóbal, donde trabajó de cerca con adolescentes y jóvenes. En diciembre de 2008, el entonces arzobispo de Asunción, Mons. Pastor Cuquejo, hizo una rotación de párrocos y vicarios en la Arquidiócesis y lo destinó a la parroquia Virgen del Carmen de Villa Elisa. Tomó posesión de cargo el 1 de febrero de 2009. Estuvo en esa comunidad hasta diciembre de 2012, cuando fue reemplazado por el padre Marcial Aveiro.
Caputo Segovia no perdió contacto con los feligreses de San Cristóbal, quienes lo visitaban permanentemente por ser un sacerdote difusor de Jesús de la Divina Misericordia. Ya en Villa Elisa habría recibido a menores de su anterior parroquia y dos de ellos manifestaron que el religioso habría abusado de ellos.
Con esta acusación podría ser obligado a dimitir y se expone a una imputación penal cuya expectativa de pena, de haber existido coito, puede llegar hasta a 15 años de cárcel.
Lo que llama la atención es que la jerarquía de la Iglesia Católica de nuestro país decidió denunciar a Caputo, pero apaña a otros tres sacerdotes denunciados por pedofilia. Ellos son Carlos Ibáñez, con proceso en Argentina; Francisco Javier Bareiro y Gustavo Ovelar, de la Diócesis de Villarrica. Aunque tuvieron conocimiento de las denuncias, no tomaron medidas y hasta se callaron.