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ASUNCIÓN.- Con tantas pruebas contundentes que demuestran la vinculación de Rodolfo Friedmann con una empresa proveedora del almuerzo escolar en Guairá y Caazapá, llama la atención que los fiscales de la causa no hayan solicitado su prisión preventivo, argumento al que recurrió el juez “amigo”, Rolando Duarte, para darle medidas sustitutivas.
Enrique Kronawetter, abogado penalista, resaltó el criterio dispar que tiene el Ministerio Público para pedir la prisión de los procesados, “de acuerdo a la cara del imputado”, dejando libres a veces a personas que deberían estar presas.
Mencionó el caso del diputado oficialista Ulises Quintana, en contra de quien la fiscala Lorena Ledesma solicitó la prisión preventiva porque, de confirmarse su crimen, estaría en la cárcel entre 15 y 20 años. Sin embargo, en el caso de Rodolfo Friedmann, imputado por administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo, con pena de prisión de un mínimo de 10 años, a la Fiscalía no se le ocurrió solicitar la misma medida.
“No existe una unidad de criterio al momento de solicitar la prisión preventiva de parte de la Fiscalía, esto devela que hay una elección arbitraria, antes que una elección jurídica”, expresó el abogado penalista.
Cuando el hecho punible es el del lavado de dinero, una de las causas de la imputación a Friedmann, no solamente el hecho es grave sino también sus consecuencias, por lo que, usualmente, se pide la prisión preventiva, mencionó Kronawetter, a pesar de lo cual tanto la Fiscalía como el juez Duarte optaron por las medidas alternativas. Para colmo, se dan todos los supuestos para pedir su prisión, ya que, además, su proceso no puede avanzar a causa de las chicanas que presenta su abogado, Guillermo Duarte Cacavelos, lo que resulta en la obstrucción de la investigación.
