ADN Digital
Artículos relacionados
La fiscal Natalia Fúster, designada para investigar la veracidad de la auditoría de Carlos Arregui a Petropar, deberá desgranar los conceptos del supuesto perjuicio de G. 30 mil millones en la administración de Eddie Jara. Casi la mitad de ese monto (14 mil millones) corresponde a la empresa Tacuara SA, que pese a su elevada deuda seguía en el negocio en la era de Patricia Samudio, actual presidente de la compañía. Luis Villamayor, abogado el litigio por otros casos, apuntó que “Tacuara está muy vinculada con Samudio a través de gestiones de intermediación de su esposo José Costa Perdomo”.
ASUNCIÓN.- La Fiscalía de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción designó a la agente fiscal Natalia Fúster como responsable de la pesquisa del resultado de la auditoría realizada por Carlos Arregui, investigador contratado por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez.
Este caso involucra un presunto daño contra Petropar de G. 30.000 millones en la entrega de combustibles sin respaldo aparente. Incluye negocios con empresas de dudosa situación financiera.
Luis Villamayor, abogado litigante por otros casos con Patricia Samudio, dijo que “la fiscal Fúster probablemente encontrará que la empresa Tacuara SACI seguía operando después de agosto cuando ya fue denunciado por la administración de Eddie Jara Rojas; existen documentos que avalan lo que acusó, esta empresa seguía retirando combustibles pese a estar en situación irregular”.
Apunta que la deuda de Tacuara SACI trepa a G. 14.000 millones, es casi la mitad del perjuicio encontrado por Arregui, cuando la fiscal desgrane la documentación que le entregó el investigador del gobierno va a encontrar los originales de lo que nosotros ya tenemos en carpeta”.
No se queda en esto el abogado Villamayor, asegura que Samudio está directamente involucrada en el caso Tacuara SACI, “a través de su esposo José Costa Perdomo, quien fue el intermediario de los negocios de los combustibles e incluso de la venta posterior de la empresa”.
Señala que si los documentos que arrima Arregui no sufrieron alteraciones, “se constatará que Tacuara SACI sigue retirando combustibles ya bajo la administración de Samudio, o sea, estaban operando con una empresa fallida, hacía exactamente lo que ella acusa a la administración anterior”.
Fúster tiene la potestad legal de extender la investigación, esta vez sobre la administración Samudio y si así lo decide encontrará varias irregularidades.
Las últimas indican que eludió la Ley de Contrataciones Públicas al firmar un convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para la licitación de cuatro contratos para el mejoramiento de la producción de la alcoholera de Mauricio José Troche (departamento del Guairá). Del total, dos ya fueron adjudicadas. Se comprobó que las cuatro licitaciones son por un valor de US$ 3,3 millones de dólares.
“También está el caso de la estación de servicios Ñu Guasu, que ordenó cerrar para reparaciones por un valor de G. 5 mil millones, cuando la construcción total es de un poco más de G. 3 mil millones”, apuntó Villamayor.
A propósito, la fiscal Fúster tendrá a su cargo dilucidar también las concesiones de estaciones de servicio del emblema Petropar.
