ASUNCIÓN. Un informe remitido por la Contraloría General de la República al Senado sobre las declaraciones juradas presentadas por funcionarios del gobierno destaca que los ministros de Educación, Eduardo Petta, y de Trabajo, Carla Bacigalupo, incurrieron en el delito de presentar declaración falsa por lo que deberán ser investigados e imputados.
Tanto en el caso de Petta como en el de Bacigalupo no es significativa la variación de sus patrimonios. Sin embargo, en el caso del ministro de Educación, la Contraloría dice que “previo análisis de sus declaraciones juradas y los informes recibidos, constatamos que el mismo no declaró ante la Contraloría 7 inmuebles registrados a su nombre en Hohenau, lo cual implicaría el hecho punible de declaración falsa de conformidad a nuestra legislación penal”.
En el caso de la ministra del Trabajo, también encontraron que “la misma no ha declarado algunos inmuebles que se encuentran registrados a su nombre como así también pasivos; asimismo se encuentra casada sin separación de bienes y no declaró ante la Contraloría bienes de su cónyuge como se encuentra establecido en la ley 5033/13, lo cual implicaría el hecho punible de declaración falsa de conformidad a nuestra legislación penal”.
Ante esta evidencia incuestionable ya que proviene de un informe de la CGR, ambos secretarios de Estado debieran ser separados inmediatamente de sus cargos y someterse a la Justicia.