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El juez Penal de Garantías, Gustavo Amarilla, solicitó ayer a las autoridades de Uruguay la extradición de Brian Martínez y Luis Osvaldo Sánchez, imputados por la fabricación de bombas molotov el pasado 31 de marzo, en la sede del directorio del PLRA. El hecho luego derivó en el ataque, saqueo y quema del Congreso Nacional. Lo llamativo del caso es que la Fiscalía no investiga a Efraín Alegre, principal responsable del local partidario en donde se cometió el ilícito.
ASUNCIÓN.- El juez Amarilla remitió a la Dirección de Asuntos internacionales de la Corte Suprema de Justicia la resolución por la cual exhorta a las autoridades judiciales uruguayas a que se dé trámite al pedido formal de extradición de los jóvenes liberales Brian Martínez y Luis Osvaldo Sánchez.
Los dirigentes liberales fueron imputados por el Ministerio Público por la fabricación de bombas molotov en la sede del PLRA, en la noche del 31 de marzo, tras los disturbios y el incendio del edificio del Congreso Nacional. Fueron identificados plenamente a través del circuito cerrado de la sede partidaria.
Según nuestra fuente el exhorto será remitido por la Dirección de Asuntos Internacionales de la Corte Suprema al Ministerio de Relaciones Exteriores, que luego deberá enviarlo a la Embajada de Paraguay en Uruguay, para que esta se encargue de remitir a las autoridades uruguayas.
Los datos revelan que Sánchez González y Brian Martínez ya cuentan con cédula de identidad uruguaya, lo que significa un avance en el proceso de acceder a la condición de refugiados que ambos solicitaron, junto a Rubén Moisés Galeano Cáceres y Osvaldo Daniel Aquino Notario.
El pedido formal de extradición expresa que los imputados “huyeron clandestinamente a pesar de tener todas las garantías procesales” y además solicita que en el momento de la detención se les incauten sus bienes, como sus teléfonos celulares
Los militantes liberales están procesados por el supuesto hecho punible de fabricación ilícita -por elaboración de bombas molotov-, tipificado en la Ley de Armas con una pena de hasta 10 años de cárcel. Hasta el momento solo Stiben Patrón es el único detenido por el caso de las supuestas bombas.
Lo llamativo del caso es que hasta ahora la Fiscalía no investiga al titular del PLRA, Efraín Alegre, quien es el principal responsable del local en donde se estaba fabricando la bomba casera.
