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El exsenador Eduardo Petta y autoproclamado ministro de Educación del nuevo gobierno, se habría enriquecido ilícitamente. Según informe arrimado a nuestra redacción, amasó una gran fortuna en el tiempo que se desempeñó como director de la Policía Caminera. Habría construido una mansión en San Lorenzo, una granja modelo en Alto Vera (Itapúa) y supuestamente “adquirió” varios lujosos vehículos. ¿De dónde sacó tanta plata?

ASUNCIÓN.- En tan solo tres años (2008-2011), el entonces director de la Policía Caminera, Eduardo Petta San Martín, habría invertido más de 2.500 millones de guaraníes en construcciones, de una mansión y en la instalación de una granja modelo. Si es verdad, ¿De dónde habrá sacado semejante cantidad de plata?

Existe una inquietud ciudadana contra el exsenador y se inicia una campaña para conseguir pruebas y de esa manera denunciarlo por el presunto enriquecimiento ilícito. Paralelamente, según el informe entregado a nuestra redacción, se pedirá al Ministerio Público la investigación sobre el origen de la supuesta fortuna de Petta.

“No podíamos hacer nada antes, porque sabíamos que todo se iba a trabar a raíz de sus fueros parlamentarios, pero ahora ya podemos pedir y debe ser investigado”, manifiesta la nota entregada a ADN.

La denuncia señala que Eduardo Petta, cuando fue nombrado en agosto del 2008 como director de la Policía Caminera, llegó a San Lorenzo “con una mano adelante y otra atrás”. Pero en menos de un año ya se habría hecho de una lujosa casa.

Posteriormente se habría dedicado a la instalación de una granja modelo en la localidad de Alto Verá, en el departamento de Itapúa. En aquel emprendimiento, su cómplice habría sido el inspector principal de la Caminera Ramón Espínola Sarubbi. Éste, según el informe, fue destinado a todas las gestiones y control de los trabajos en la granja.

Entre la residencia en San Lorenzo y las tareas en Alto Verá, la inversión de Eduardo Petta habría ascendido a los 2.500 millones de guaraníes. No existen pruebas, para el ciudadano común sería misión imposible conseguirlas, por lo que se solicita la participación del Ministerio Público para la investigación “y si es culpable, que se vaya a la cárcel”, es el pedido.

Hay que recordar que la Ley Nº 2.523/04, en su Artículo 3°, sobre enriquecimiento ilícito, señala que quien “comete hecho punible de enriquecimiento ilícito será sancionado con pena privativa de libertad, de uno a diez años”.

También establece que esta legislación “será aplicable a toda persona que cumpla una función pública, o tenga facultades de uso, custodia, administración o explotación de fondos, servicios o bienes públicos, cualquiera sea la denominación del cargo”.

SU PRIMER LUJOSO VEHÍCULO ¿SUSTRAÍDO DE LA PATRULLERA?

En el 2009, atendiendo las festividades de Caacupé que se aproximaban, la Policía Caminera recibió 7 automóviles de la marca Chevrolet y dos camionetas del tipo Blazer. En la entrega estuvo el entonces ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Efraín Alegre.

Unos días después, Eduardo Petta, aparece con una camioneta 0 km, del tipo Blazer. ¿Fue pura coincidencia? Cambió su modesto vehículo, de marca brasileña, con el que llegó desde Encarnación.

En aquel momento se comentó que el valor de los vehículos superaba a los que se tenían en el mercado. Es decir, se habría sobrefacturado. Sin embargo, el titular de la cartera de Obras Públicas, Efraín Alegre, justificó con la supuesta premura del tiempo, que no se buscaron mayores alternativas, pero anunció que para la siguiente adquisición ya se abrirán las sobres-ofertas para otro lote de 10 vehículos más.

“Con este aporte deseamos que la Policía Caminera preste un mejor servicio, mayor control y una más eficaz labor de los efectivos para marcar presencia en las rutas del país, en salvaguarda de la gente que se desplaza a pie y en vehículos”, dijo Alegre.

GRAN NEGOCIADO HABRÍAN SIDO LAS MOTOCICLETAS

En el 2010 fueron adquiridas motocicletas de la marca Ducati y supuestamente por orden de Eduardo Petta se trajo directamente de Italia, a un precio que habría ascendido a 29.500 dólares aproximadamente cada una.

Según señalaron expertos, las motocicletas Ducati, tienen elevado costo, pero no creen que sea tanto como el precio difundido. Además, no se habría justificado adquirir esa máquina, porque también es elevado su mantenimiento.

Sin embargo, en el mercado nacional existen otras motocicletas en venta mucho más económicas, de buena calidad y el costo de mantenimiento más reducido.

Se informó como ejemplo, la empresa Metalcar ofrece motocicleta que alcanza hasta los 170 kilómetros por hora. Se trata de la Kawasaki 650 KLR, especial para viajes y tránsito en ruta, cuyo precio es de 9.900 dólares, aproximadamente.

Sin embargo, Petta optó por las máquinas que supuestamente cuestan casi tres veces más de los que se tienen en el mercado nacional. ¿Por qué habrá sido?

AMANTE DE AUTO ANTIGUO

Cuando Eduardo Petta ya comenzó a vivir en la abundancia, según cuentan, ya se inclinó hacia un hobbie bien caro, paseos y desfiles en autos antiguos. Tuvo un Toyota Bandeirante del año 1980, en el que habría gastado fortuna para ponerlo en condiciones.

El 29 de agosto del 2011, en la ciudad de San Bernardino, pocos días antes de ser destituido de la caminera, encabezó el desfile de los vehículos antiguos. Eduardo Petta dispuso que la marcha contara con el apoyo de la motorizada y patrulleras de la Caminera, como medida de seguridad y orden.

Petta encabezó el desfile con el vehículo que supuestamente adquirió de la zona de Nueva Esperanza o Katueté. Cuando fue consultado si era de su propiedad, dijo: “Lo hemos levantado como una reliquia de la institución y será exhibido en el Cuartel de la Caminera por unos días”.

Hoy nadie sabe dónde está esa camioneta. ¿Estará en el patio del exsenador?

DICE LA LEY Nº 2.523/04

El exsenador Eduardo Petta estaría en transgresión de la Ley Nº 2.523/04, que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencias.

La legislación, en su artículo 3°, señala: 1) Comete hecho punible de enriquecimiento ilícito y será sancionado con pena privativa de libertad de uno a diez años, el funcionario público, quien con posterioridad al inicio de su función, incurra en cualquiera de las siguientes situaciones:

a) Haya obtenido la propiedad, la posesión, o el usufructo de bienes, derechos o servicios, cuyo valor de adquisición, posesión o usufructo sobrepase sus legítimas posibilidades económicas, y los de su cónyuge o conviviente. b) Haya cancelado, luego de su ingreso a la función pública, deudas o extinguido obligaciones que afectaban su patrimonio, el de su cónyuge o su conviviente, y sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y de afinidad, en condiciones que sobrepasen sus legítimas posibilidades económicas.

2) Será aplicable también a los casos previstos en el inciso 1) de este artículo, la pena complementaria prevista en el Artículo 57 del Código Penal.