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Las fiscalas Nathalia Silva, María Luján Estigarribia y Luz Guerrero solicitaron varios informes a Registros Públicos, Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y la Siperintendencia de Bancos sobre el ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Antonio Fretes y otros implicados en la misma causa.
Los investigadores buscan saber sobre todos los inmuebles que registran las personas físicas y jurídicas relacionadas al caso. Igualmente, se solicitó el apoyo interinstitucional a la Seprelad con el fin de pedir informes sobre reportes de operaciones sospechosas de los involucrados y un análisis financiero de todos.
En cuanto a la Superintendente de Bancos, se pidió la circulación a todo el sector financiero, como así también al sector cooperativo, requiriéndose informes tanto a instituciones públicos y privadas.
La pesquisa se inició luego de que se hiciera público un supuesto contrato firmado entre Amílcar Fretes, hijo del ministro Antonio Fretes, con Kassem Mohamad Hijazi por USD 368.000, presumiblemente para evitar la extradición a los Estados Unidos del ciudadano libanés.
