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ASUNCIÓN. Varios diputados plantearon la necesidad de hacer bien las cosas, a fin de que la resolución de la cámara no pudiera ser cuestionada o recurrida posteriormente, por lo que plantean que se inicie el proceso de destitución del abdista Ulises Quintana, solicitado formalmente por el liberal Édgar Ortiz, pero corriendo traslado al afectado de manera que pueda ejercer su defensa.

Lo que queda en evidencia es que existen muchas lagunas tanto en la Constitución como en el reglamento interno de la cámara, debido, posiblemente, que no se pensaba que un legislador activo pudiera terminar preso, aun en uso de su banca.

Para colmo, el tema de que meses anteriores se rechazó la pérdida de investidura de Quintana, impide que sea juzgado por el mismo motivo. El patriaqueridista Sebastián Villarejo respondió a quienes aseguran que no se puede echar a un diputado por ausencias, como dijo el liberal Rodrigo Blanco, aseguró que la destitución no se dará por inasistencia, sino por inconducta. Con esto coincidió el liberal Jorge Ávalos Mariño, asegurando que hay desorden de conducta del afectado, y que hay que iniciar el procedimiento porque hay que respetar el derecho a la defensa.

Asegurando estar de acuerdo con la remoción de Quintana, el liberal Celso Kennedy solicitó a sus colegas “para que Diputados no sea parte de un proceso de inicio de obrar mal y permitir que otras instancias decidan o sentencien que se obró mal en la cámara y convertir nuestras decisiones en revisables”.

La discusión se centra en dos cuestiones, decidir hoy mismo la destitución, o cuidar las formas para que la decisión no sea recurrible posteriormente. Ninguno de los dos planteamientos sugiere “salvar” a Quintana, salvo quizás la postura de Blanco, quien dijo que “respecto a la titularidad de los elegidos, la competencia la tiene la Justicia Electoral”, y no la misma cámara, como plantearon varios.