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Poca inclusión laboral de personas con discapacidad

ASUNCIÓN.- Según un informe de la Secretaría de la Función Pública (SFP) solo 12 de los 405 organismos y entidades del Estado cumplen con la normativa de inclusión de personas con discapacidad a la función pública, lo que representa menos del tres por ciento del total.

La SFP tiene entre sus funciones velar por el cumplimiento de la Ley Nº 2.479/2004, y su modificatoria la Ley Nº 3.585/2008, que establece la obligatoriedad de incorporar un mínimo de cinco por ciento de personas con discapacidad en cada institución pública.

Conforme al reporte mensual de altas y bajas de los organismos y entidades, actualmente existen 1.479 trabajando para el Estado. Solo 144 instituciones informan que cuentan con personas con discapacidad en sus planteles, sin embargo no llegan al mínimo legal establecido del cinco por ciento.

Por otra parte 124 organismos y entidades reportan no contar con funcionarios con discapacidad, y 125 los que no cumplen con el reporte mensual a la SFP.

De total de funcionarios con discapacidad 67 por ciento son de sexo masculino (999) y 33% femenino (489). Asimismo los datos evidencian que el 68 por ciento son permanentes  y 32 por ciento contratados.

Entre las instituciones que cumplen con la Inclusión Laboral se encuentran instituciones del Poder Ejecutivo: Auditoría General del Poder Ejecutivo, Secretaría de la Función Pública,  Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales, Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis).

También el gobierno departamental de Alto Paraguay, las municipalidades de Loreto (Concepción), Caraguatay (Cordillera), Borja y Coronel Martínez (Guairá)  y San Roque González de Santa Cruz (Paraguarí), además del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes.

La SFP insta a los organismos y entidades del Estado  a acompañar las políticas de inclusión y no discriminación que el gobierno promueve, desarrollando planes institucionales de inclusión efectiva de personas con discapacidad.

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