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La sentencia dictada por la Sala Penal de la Corte Suprema en el Caso Curuguaty, sería parte de una negociación en torno a los lugares vacantes en la máxima instancia judicial y de votos en el Senado para apoyar a los elegidos por el presidente electo. Uno de sus principales colaboradores propició el “arreglo” del fallo. Los tres magistrados que lo suscribieron, Cristóbal Sánchez, Arnaldo Martínez Prieto y Emiliano Rolón, integran la lista de los 52 aspirantes al preciado cargo. Existe un compromiso de Fernando Lugo con Emiliano Rolón desde que el exobispo ejercía el mandato presidencial. Un sector político asegura que Lugo sabe qué pasó en Curuguaty y cómo llegó a su fin.
ASUNCIÓN.- La polémica que generó el fallo que anuló todo el proceso a 11 campesinos acusados de ser responsables del crimen de 6 policías, arrastra principalmente a dos sectores políticos, el luguismo y el abdismo, y centra su atención en los tres camaristas que son candidatos a ministros de la Corte.
El debate ganó espacios en corrillos políticos y tribunalicios y según los protagonistas acarreará serias lesiones a la credibilidad de la justicia.
Todos los dirigentes políticos y profesionales de foro no comprometidos con los movimientos políticos mencionados más arriba, coinciden en que “el fallo tiene varias aristas que deben ser objeto de análisis, ninguna de ellas, son positivas para la vida institucional de la República”.
El Ministerio Público se mantiene en la gestión realizada, según Augusto Salas, fiscal adjunto. “Se han respetado todas las garantías legales y constitucionales en este proceso investigativo en el juicio oral y público. Hay que resaltar que se han dictado sentencias elevadas gracias a las pruebas que presentó el Ministerio Público. Se han probado absolutamente todos los hechos punibles por los que fueron acusadas estas personas”.
A partir de estos elementos, se dan incongruencias en las que incurrieron los propios magistrados; que conducen a dirigentes políticos a sostener la existencia de “influencias políticas sobre los camaristas que los llevó a firmar el fallo tan cuestionado”.
Para dirigentes como Juan Darío Monges, miembro del Senado, que presume “negociaciones tras bambalinas para llenar las vacancias en el máximo tribunal”, hasta las ridículas exigencias presentadas por el senador Fernando Lugo a modo de la ya famosa pregunta sobre “¿qué pasó en Curuguaty?”
El Ministerio Público y la dirigencia política, en su mayoría, manifiesta la misma preocupación: “la nulidad que ha dictado el Tribunal, dejando de lado elementos probatorios que ha presentado la Fiscalía”.
LUGO DEBE RESPONDER
Pasaron seis años de la matanza, los acusados y condenados recuperaron su libertad, de los 17 muertos nadie se acordará en breve. Sin embargo, Fernando Lugo regresa detrás del fallo a interpelar “que pasó en Curuguaty?”
Para el senador Javier Zacarías Irún, la respuesta la tiene el mismo Lugo y “hoy la utiliza para salir de nuevo con la suya y ahora con un aliado: colorado añetete”, dijo con absoluta seguridad.
Destacó el dirigente de Ciudad del Este que “en el cartismo estamos seguros que la anulación de la condena a los 11 campesinos implicados en el caso Curuguaty, forma parte de un paquete de negociaciones entre Colorado Añetete y la oposición”.
El otro componente es la integración de la Corte Suprema de Justicia con elementos de la confianza de los líderes de este pacto.
Agregó que “uno de los puntos que forma parte del combo es el acuerdo que el expresidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, requiere para ocupar la dirección de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY)”.
