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Políticos basura

En nuestro país muchos labriegos que con esfuerzos pagaban sus préstamos, ahora dejaron de hacerlo, a la expectativa de ser beneficiarios de la ley de condonación sancionada por el Congreso. En nuestro país hoy están en serio riesgo la ejecución de proyectos de infraestructura y, tan o más grave que esto, programas sociales de vital importancia, como el de subsidio a los adultos mayores, a miles de familias en situación de pobreza y hasta el suministro de medicamentos a los hospitales públicos, que podrían ser objeto de recortes. Y en nuestro país estamos ante la posibilidad cierta de contraer deuda pública, no sabemos si por 100 millones de dólares, 200 o cuánto, para satisfacer las exigencia de un grupo de chantajistas. Todo esto se lo “debemos” a un puñado de senadores y diputados que actúan siguiendo las directrices de Mario Abdo Benítez, Efraín Alegre, Fernando Lugo y Blas Llano, quienes, en la creencia de perjudicar al gobierno, acaban de perpetrar un salvaje boicot a los intereses de la nación y al bolsillo de todos los paraguayos.

Las matemáticas no mienten. La normativa sancionada por el Parlamento establece un “subsidio” de hasta 51 millones de guaraníes por cada labriego propietario de parcelas de hasta 30 hectáreas. Suponiendo que quienes no pueden honrar sus obligaciones financieras son 17.000, como dicen Luis Aguayo y compañía, el monto requerido para el efecto podría ascender a 876.000 millones de guaraníes, equivalentes a 157 millones de dólares, al cambio de la fecha. Pero podría ser una suma mucho mayor.

En efecto, según los datos que se desprenden de la última encuesta de hogares, en el Paraguay existen 258.000 parcelas de 30 hectáreas para abajo y todos sus propietarios son potenciales deudores y, en consecuencia, también potenciales beneficiarios de la ley de condonación en cuestión, por lo cual, si sólo el 10% de ellos se acogiera a la descabellada legislación, el techo se elevaría automáticamente de 157 a 258 millones de dólares.

Los legisladores procedieron de manera tan irracional que ninguno de ellos sabe decir a cuántos alcanzará esta Ley, qué cubrirá, ni la cantidad de dinero que se requerirá para llevarla a la práctica. En la “bolsa” pueden entrar desde créditos para la producción, pasando por motos o celulares, hasta los costos de las deudas judicializadas, incluyendo los honorarios de los abogados que llevan adelante las causas. Y lo que es fundamental, menos aún saben de dónde saldrá la millonada de dólares que aprobaron a tambor batiente, con los ojos cerrados, sin chistar, lo que les resultó fácil por demás, ya que de sus bolsillos no saldrá ni un centavo. Sencillamente le tiraron la pelota al Ejecutivo.

Por su parte, los medios hegemónicos también descargan la responsabilidad sobre los hombros del presidente. Ultima Hora no cuenta mucho, pues, en la ignorancia de los escribas de “Don Antonio”, se limita a definir lo ocurrido como “una derrota del cartismo”, cuando en realidad se trata de un golpe feroz a toda la ciudadanía. Pero ABC color dice algo mucho más “curioso”, adelantando que sería una “incalificable claudicación” de HC si convalida la decisión de senadores y diputados, o sea si no veta la normativa, además de cuestionar la falta de coraje para resistir a quienes violan la ley y los derechos de terceros, lo que alentaría a que otros grupos también recurran al vandalismo para obtener sus fines.

La caradurez de Zuccolillo no tiene límites. En primer lugar, porque los principales causantes de la situación a la que nos enfrentamos son sus protegidos políticos, léase “Marito” y Alegre, unos vulgares canallas a los que el país les importa un pito, y en segundo término porque fue su diario el que instaló la “legitimidad” de apelar a la violencia para alcanzar un objetivo, su objetivo, como cuando desplegó una campaña bestial para abortar la enmienda y el proyecto de reelección, impidiendo por la fuerza que se expida el soberano.

Cartes no debe pisar el palito, ni de los que a toda costa quieren provocar hechos de violencia en nombre de las “causas campesinas”, ni de los que le “tocan la oreja” para que “se plante” ante los que protagonizan actos vandálicos, que ellos mismo incitaron en el afán de desestabilizar al gobierno.

En las actuales circunstancias, el camino es la promulgación de la Ley, cuanto antes. Y que los promotores de tanta barbarie, los “políticos basura” muy bien identificados, asuman sus responsabilidades, o mejor sus culpas, ante todos los paraguayos.

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