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ASUNCIÓN. La crisis que soporta el sector de la construcción debido a que el Estado, a través del Ministerio de Obras Públicas, tiene una deuda de 140 millones de dólares, es tan grave que, si esto no se revierte, se prevé que para fin de año unos 50 mil obreros quedarían sin trabajo.

El presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción, ingeniero José Luis Heisecke, vocero del grupo que ayer se reunió con el presidente del Senado, Óscar Salomón, explicó que “hay una deuda con las empresas constructoras que están trabajando con el Estado, y el recurso proviene de lo que llamamos fuente 10, recursos del Estado, que en la pandemia prácticamente son inexistentes, pero son contratos que se vienen ejecutando, caminos asfaltados que se ven, obras emblemáticas, en algunos casos llevan 8 meses sin cobrar; dicen que está pendiente la aprobación de leyes para un préstamo que ya está aprobado”.

Aclaró que los anticipos que se dieron para la construcción del puente Chaco’i y la Costanera de Pilar, “son desembolsos previstos en el presupuesto. Lo que pasa es que este préstamo está partido en dos a razón de 150 millones de dólares, y la segunda parte está pendiente por 3 leyes que no fueron aprobadas hasta ahora. Yo no creo que nos hayamos movido tarde, deberíamos ser más mediáticos a lo mejor. No es un chaque, la realidad es que si no cobramos, la situación no va a ser buena”.

“Ese era uno de los motivos principales de nuestra visita al presidente del Congreso. Serían afectados 50 mil obreros. Hay empresas chicas, medianas y grandes; las chicas no tienen espalda financiera y este fin de mes van a estar soltando personal, y así hasta principios de diciembre. Estimamos que son unos 50 mil obreros; si multiplicás por 4 personas sacás el número de cuántas personas van a ser comprometidas. Y no se trata solamente de los obreros, están los proveedores, comidas, estamos hablando de obras en todos los departamentos del país. Puede venirse un problema social muy grave”, lamentó Heisecke.

Coincidió con los conductores de Tempranísimo, por la 970 y GEN, que este no es un buen momento para crear un nuevo problema social, “y sobre todo que no es un préstamo nuevo, que se está gestionando y se amplía la deuda; es un préstamo aprobado el año pasado y que tiene un sistema de desembolso peculiar que determina el BID. Nosotros hacemos a veces gestión que no nos corresponde. Nuestra situación nos obliga a tomar algún tipo de acciones para que no se llegue a diciembre y haya una cantidad de obreros a la calle”.