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ASUNCIÓN. El diputado Rodrigo Blanco presentó un proyecto de ley “Que modifica el artículo 30 de la Ley Nº. 1.334/98, De defensa del consumidor y del usuario”, con el propósito de proteger al deudor de abusos por parte de empresas financieras.

El proyectista aduce la necesidad de dotar al sistema legal paraguayo de una norma que proteja al deudor de abusos en el pago de obligaciones a plazo, teniendo en cuenta que en la práctica, cuando un deudor cancela este tipo de compromisos, se ve en la obligación de pagar también los intereses que a la fecha aún no han vencido.

“No existen razones lógicas ni de justicia que avalen el cobro de intereses compensatorios no vencidos al momento de la cancelación anticipada de una obligación”, dijo Blanco.

Indicó que, actualmente, existen entidades financieras que descuentan proporcionalmente los intereses no vencidos, constituyéndose, esta práctica, en una irregularidad. “Si ya le es devuelta la totalidad del dinero al momento de la cancelación, porqué tiene que cobrar intereses no vencidos”, se preguntó.

La legislación actual establece la reducción proporcional de los intereses en el caso de las cancelaciones anticipadas de una deuda. La nueva propuesta, sin embargo, “corrige” esa irregularidad estableciendo que “se procederá al cobro de los intereses compensatorios hasta la fecha de cancelación, quedando prohibido el cobro de intereses no vencidos de cualquier tipo”.

El diputado Blanco considera que el deudor, en una relación comercial, es el sujeto más débil y, por lo tanto, la ley debe evitar cualquier tipo de abuso en su contra. Aduce, además, que el proyecto no viola ninguna garantía constitucional y desde ya rechaza cualquier intento de endilgar al documento cuestiones anticonstitucionales.

Por último, se estipula que, de convertirse en ley, la norma legal se aplicara desde el día siguiente de su publicación en los registros oficiales a todos los casos de obligaciones, sin exclusión alguna.

El documento tuvo entrada oficial en la Cámara de Diputados y fue girado a las comisiones de Legislación y Codificación y, de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo para su correspondiente consideración.