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ASUNCIÓN. Apenas iniciada la causa contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, sus abogados iniciaron el habitual proceso de llenarla con chicanas que evitan el normal desarrollo de la misma.
La audiencia preliminar de imposición de medidas debía realizarse el próximo viernes 28 pero Prieto presentó como su abogado a alguien que, casualmente, debe viajar en esa fecha, por lo que el procedimiento fue suspendido.
Guillermo Ferreiro es el abogado contratado por el intendente, imputado por lesión de confianza, y ni bien hizo la comunicación de que ejercerá su defensa, solicitó la suspensión por tener que viajar en la fecha marcada.
El juez Humberto Otazú accedió al pedido y fijó el 3 de agosto a las 11 la nueva fecha de la audiencia preliminar.
Miguel Prieto está imputado por lesión de confianza, por un perjuicio patrimonial de 1.700 millones de guaraníes, durante la pandemia del 2020.
Los fiscales de la causa, con apoyo de la Contraloría, incautaron los documentos esenciales del proceso licitatorio, tanto en la Municipalidad como en la empresa adjudicada, de nombre Tía Chela, así como una de las empresas identificadas como Vanemi, perteneciente a Emilia Vanessa Florentín, quien reconoció haber sido pareja de Prieto. Esto también lo admitió el intendente.
Se solicitó a Tributación la trazabilidad de las compras adjudicadas, a fin de determinar si tenía en su stock los 25.000 kits supuestamente adquiridos por comuna.
“Se hizo la reconstrucción de esa cadena de compra desde los subproveedores hasta llegar a la proveedora final. Es ahí donde se detecta la inconsistencia, como, por ejemplo, que las supuestas operaciones de compras de kits de alimentos, incluso son posteriores a la fecha de entrega y también, entre los proveedores, a más de encontrarse la existencia de esta empresa, se detectó a tres proveedores más, que son considerados proveedores ficticios”, explicó el fiscal Silvio Corbeta.
La licitación fue convocada por valor de 3.000 millones de guaraníes, sin embargo, existió un solo pago de 1.700 millones, donde, el perjuicio es del 100 % para la Municipalidad, ya que no se entregaron los 25.000 kits, pese a que eso figura en los papeles.
“Al hacer la trazabilidad de las mercaderías, no encontramos dentro del stock de todas estas empresas esa cantidad. Por lo tanto, es fácil concluir que, si no tuvieron el stock, no tuvieron cómo entregar efectivamente, además de otras circunstancias como la incapacidad financiera y técnica y la falta de experiencia”, detalló el fiscal.
El pedido de arresto domiciliario obedece al peligro de obstrucción de la investigación. También existen otras medidas como, la prohibición de comunicarse con los funcionarios involucrados.
