ADN Digital
Con los votos de liberales, luguistas y disidentes de la ANR, la Cámara de Senadores otorgó ayer media sanción al proyecto de ley por cual se establece un subsidio de hasta unos 160 millones de dólares a los miembros de la Coordinadora Nacional Intersectorial, que controlan a su gusto y paladar la Capital de la República desde hace 19 días. El hecho es doblemente grave. Por un lado, constituye un zarpazo feroz e irresponsable a las arcas del Estado, es decir, al bolsillo de todos y cada uno de los paraguayos. Por el otro, es la más clara expresión del imperio del chantaje y la violencia como métodos para alcanzar un objetivo, que están muy próximos a lograr.
Empecemos por lo primero, que de por sí es muy malo, aunque no es lo peor. Las mencionadas bancadas ignoraron olímpicamente el proyecto del Ejecutivo, por el cual se establece un fondo de 82.000 millones de guaraníes para refinanciar la deuda de labriegos a 10 años de plazo e intereses del 6 al 8%. Esto se suma a otros 27.000 millones para asistir a 2.600 agricultores afectados por las heladas de los últimos días, lo que en total representa un total de 109.000 millones de guaraníes, equivalentes a U$S 20 millones. A cambio, y como si se tratara de un pequeño fondo para comprar chipa, la mayoría de los legisladores aprobaron un subsidio de 867.000 millones de guaraníes, casi 160 millones de dólares, al establecer un monto de G. 51 millones para cada uno de los 17.000 campesinos que la CNI dice que se encuentran en situación de mora.
¿De dónde saldrán estos fondos? ¿Del recorte presupuestario a programas sociales o del endeudamiento público? ¿A quiénes se destinará el subsidio? ¿Con qué entidades financieras contrajeron sus préstamos y en qué conceptos? Estas son algunas preguntas que los senadores del PLRA, el Frente Guasu y la disidencia de la ANR nunca respondieron, ni responderán, por la sencilla razón de que legislaron sin tener ninguna información al respecto.
El tema ahora pasa a la Cámara de Diputados y es muy probable que ésta se expida del mismo modo que el Senado, con lo cual el aberrante proyecto se convertirá en Ley de la Nación.
Hasta aquí lo malo. Ahora hablemos de lo que es aún peor. Ante la eventualidad de que el Congreso sancione la normativa, el presidente de la República se enfrentará a una disyuntiva de hierro: Apelar al recuso del veto, pero a costa de que se multipliquen los bloqueos de calle, que el centro de Asunción se convierta en un campo de batalla y se concrete el peligro de que haya derramamiento de sangre, como amenazó el líder de la CNI, Luis Aguayo; o bien promulgar la ley, explicando a la ciudadanía las consecuencias prácticas del brutal manotazo que le dieron un grupo de parlamentarios a las arcas públicas y, sobre todo, que lo hace con el mismo criterio que antes renunció al proyecto de enmienda, es decir, para evitar que los violentos provoquen un estado de caos y zozobra generalizados.
El solo hecho de que se plantee la disyuntiva es de por sí horrendo y habla a las claras de un ataque brutal a las instituciones y al Estado de Derecho, impulsado por sectores minoritarios que en nombre de la democracia, antes, y de supuestas causas sociales, ahora, imponen su voluntad por medio de la fuerza.
Si había que pararlos antes y cuál era la forma de hacerlo, son temas de un análisis que en este momento no corresponde desarrollar.
El país se encamina hacia la renovación de sus autoridades, dentro de nueve meses, y ahora se impone ser celosos custodios del proceso electoral, que en algún momento también intentarán descomponer, para liberarnos por medio de las urnas de los que nos tienen prisioneros de la violencia y la extorsión, sepultándolos bajo una montaña de votos.