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Ayer, quedó sancionada de manera automática la ley que establece una pensión del 25% del salario mínimo a las personas con discapacidad, sin que el Senado tomara una decisión sobre el tema.
El proyecto figuraba como primer punto del orden del día de la sesión extra realizada ayer, a fin de continuar el estudio del proyecto que se había iniciado el día anterior. Sin embargo, antes de la sesión, el presidente de la cámara, Basilio Núñez, había anunciado que en la bancada de Honor Colorado se resolvió dejar que la ley tuviera sanción ficta y que fuera el presidente Santiago Peña quien tomara la decisión de promulgarla o vetarla.
La legislación asigna el 25% del salario mínimo (G. 670.093) a las personas con grado de discapacidad moderada y/o grave, que le impida ejercer actividades laborales; y estar en situación de vulnerabilidad social.
La discapacidad puede ser física y/o psíquica, y/o sensorial, congénita o adquirida, según la propuesta presentada por varios diputados. Para corroborar los datos se trabajará con la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis) y con el Ministerio de Desarrollo Social.
Paralelamente, se maneja la posibilidad de un proyecto alternativo, que estipula esta misma pensión, pero con una aplicación gradual a razón del 20% anual del universo total, hasta completar el 100% en un proceso de cinco años. El argumento es que se necesitarían 350 millones de dólares para llegar a todas las personas con discapacidad y que esto rompería la ley de responsabilidad fiscal.
