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El sector privado impulsa una iniciativa para permitir allanamientos sin orden judicial en la lucha contra el contrabando. La propuesta, actualmente en evaluación por las autoridades, busca agilizar las intervenciones y evitar la evasión de los responsables ante posibles filtraciones de información.
El director de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, confirmó que el proyecto plantea cambios significativos en los operativos de control. Según explicó, la demora en obtener autorizaciones judiciales y la designación de fiscales facilita la fuga de mercaderías, lo que obstaculiza la trazabilidad de los productos ingresados de manera irregular.
“Muchas veces, cuando llegamos al lugar, los productos ya han sido trasladados a otros depósitos, y se pierde la posibilidad de incautarlos”, señaló Orué.
Tanto el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) como la cartera de Economía y Finanzas realizaron el análisis de esta propuesta arrimada por empresarios de diferentes gremios. “Vamos a esperar que se analice y se estudie, a ver si es que tiene aprobación en el Congreso”, refirió el director de la DNIT.
