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ASUNCIÓN- El Ministerio de Justicia impulsa un proyecto de ley que busca imponer penas de hasta 7 años de prisión a quienes intenten ingresar equipos de comunicación no autorizados en las cárceles del país, incluyendo visitantes, proveedores y funcionarios.
“Desde el Viceministerio de Política Criminal y la Cámara de Diputados queremos tratar de desalentar un poco más el ingreso o la tentativa de ingreso de aparatos celulares, tecnológicos de comunicación que no estén autorizados”, expresó el viceministro de Política Criminal, Víctor Benítez, en entrevista con la emisora 650 AM.
Actualmente, este tipo de acciones solo conlleva sanciones administrativas, como la prohibición de ingreso al centro penitenciario. Sin embargo, el proyecto busca imponer penas más severas:
– De 2 a 4 años de prisión para visitantes comunes.
– Hasta 5 años de prisión para proveedores de alimentos o empresas vinculadas al Ministerio de Justicia.
– Hasta 7 años de prisión para funcionarios o encargados de la seguridad penitenciaria.
Benítez explicó que la iniciativa tiene como objetivo reducir el uso de equipos de comunicación en las cárceles, que muchas veces facilita la comisión de delitos desde el interior de los centros de reclusión.
“Con esta medida buscamos evitar que nuevos aparatos celulares ingresen o traten de ingresar. La intención nuestra es desalentar la situación y minimizar hechos punibles asociados al uso de estos equipos”, destacó Benítez.
El viceministro también subrayó la necesidad de fortalecer el control sobre los funcionarios penitenciarios, dado que no se puede descartar la complicidad de algunos agentes en estos casos. “Creo que podríamos mejorar la situación con este proyecto de Ley, pero esto va a tener que estar emparejado con el control de los funcionarios nuevamente”, subrayó.
