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ASUNCIÓN.- El estudio del proyecto de ley “Que modifica el Art. 1° de la Ley N° 609/1995, Que organiza la Corte Suprema de Justicia (Jurisdicción)”, tras una breve discusión, fue aplazado por el término de 8 días.
El documento busca que camaristas que, eventualmente, pudieren integrar la máxima instancia judicial, sean removidos solo por juicio político, por su fallo u opinión como integrante de la Corte.
El diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí), comentó que en la Comisión de Legislación y Codificación, órgano que encabeza, se emitieron dos dictámenes; en mayoría por la aprobación y en minoría por el rechazo.
La legisladora Rocío Abed (ANR-Alto Paraná) expuso los motivos del dictamen a favor.
“Cuando miembros del Tribunal de Apelación actúan como ministros de Corte, deben estar protegidos de las sanciones a las que puedan estar sujetos; la propuesta es para que puedan ser separados solo por juicio político; así como tienen responsabilidades, también deben tener las garantías”, refirió.
El parlamentario Rodrigo Blanco (PLRA-Central), sumó a la posición de aprobar el documento, ya que en la Comisión de Asuntos Constitucionales, recibieron a camaristas, preocupados por la situación que se genera cuando un magistrado, por inhibición de un ministro de Corte, debe asumir semejante responsabilidad.
“Ocurrieron casos que en opinión de un expediente hubo controversias y los magistrados fueron denunciados ante el JEM y removidos; esto se trata de igualdad ante la ley”, expresó.
Por el contrario, el diputado Ávalos Mariño, mencionó que en el Art 225 de la CN se enumera de forma taxativa qué autoridades pueden ser sometidas a juicio político.
“Además, los ministros de la Corte Suprema, son electos conforme a un procedimiento, concurso, se conforma una terna, luego el Senado con acuerdo del Ejecutivo designa; los magistrados son electos por otros procedimientos y requisitos; el Art. 45 de la CN, salvo casos de derechos y garantías contemplados en ese artículo, dice que la Carta Magna debe ser interpretado en forma restrictiva”, expuso.
El congresista, Ramón Romero Roa (ANR-Alto Paraná), dijo en parte estar de acuerdo con otorgar esta garantía a magistrados, pero hay que tener en cuenta que, para eso, “necesitamos una reforma judicial, y no hacerlo por una ley”, reconociendo la misma autoridad de un miembro de la Corte Suprema de Justicia.
Luego del debate, el documento fue aplazado por 8 días.
