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La jueza penal de Garantías Lici Sánchez explicó los motivos que le llevaron a sentenciar la desestimación de la denuncia presentada durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, sobre una supuesta vinculación con el terrorismo, en el caso conocido como del avión iraní.
Explicó cuáles fueron los datos objetivos que permitieron que haga lugar a la desestimación de la denuncia contra la tripulación del avión venezolano Emtrasur, atendiendo el pedido del Ministerio Público, que concluyó que no existían elementos para vincular a los implicados con actividades terroristas.
En el programa Así son las cosas, por la 970 AM y canal GEN – Nación Media, la magistrada dijo que la investigación se centró en tres aspectos: la aeronave en sí, la tripulación y la carga transportada por la empresa paraguaya Tabacalera del Este S.A. (Tabesa). “Se verificó que la empresa Emtrasur, responsable del avión, es una división logística de la aerolínea estatal venezolana Conviasa, especializada en transporte de carga”.
Detalló que Emtrasur contrató a una firma paraguaya con sede en Ciudad del Este para gestionar trámites documentales en el aeropuerto y a otra firma para trasladar a la tripulación. “Todas estas empresas demostraron documentalmente su responsabilidad en la operación, sin relación con actividades ilícitas”, precisó.
Los informes del entonces titular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) y de la Subdirección de Seguridad de la Aviación Civil indicaron que el vuelo estaba autorizado desde principios de mayo de 2022 y que no existían alertas sobre posibles vínculos con el terrorismo.
Además, se recibieron documentos de Argentina y Aruba, verificándose que la empresa destinataria de la carga en Aruba estaba legalmente registrada y habilitada para el rubro.
En nuestro país, el Ministerio Público inició la causa bajo la figura de asociación terrorista, pero al no hallar pruebas que sustentaran la acusación, solicitó la desestimación del caso, de acuerdo con la jueza Sánchez. La magistrada resaltó además que el denunciante, el exministro Anticorrupción René Fernández (del Gobierno de Mario Abdo Benítez), no es considerado víctima según la ley, lo que limitaría la posibilidad de recurrir la decisión.
Asimismo, recordó que informes de la Secretaría de Prevención e Investigación del Terrorismo (Seprinte), así como de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), no encontraron indicios de irregularidades.
“La conclusión en Paraguay coincide con la de otros países que también investigaron el caso. Se ha realizado un trabajo exhaustivo y se ha demostrado que no hubo financiamiento de actividades terroristas”, remarcó la jueza.
De acuerdo con los antecedentes, el avión iraní tuvo su paso por Paraguay del 13 al 16 de mayo del 2022, pero recién un mes después se conoció el caso y desde el gobierno de entonces, el mismo presidente Mario Abdo Benítez fue el que instaló que la carga que trajo la aeronave era ilegal y los tripulantes tendrían nexos con terroristas, incluso a través de instituciones del gobierno y la prensa “amiga” se trató de crear un caso judicial.
