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Cualquier humilde ciudadano o dueño de una empresa del tamaño que fuere, sabe muy bien cuál es el sentido del ahorro. Una familia, la que puede, lo hace a fin de cubrirse las espaldas ante eventuales “imprevistos”, como accidentes, problemas de salud, periodos de desempleo u otros que figuren entre sus prioridades.
Lo mismo sucede en el ámbito de las empresas, ante la posible caída de sus ventas, o el encarecimiento de la materia prima, o de otros rubros que componen sus gastos corrientes. Y si fruto del esfuerzo obtienen un excedente, este se destina a impulsar nuevos emprendimientos, nuevas inversiones, como la ampliación de la casa o la adquisición de un lote, en el caso de la familia, o la expansión del negocio, su modernización, etcétera, en el de la empresa. Pues bien, un razonamiento similar puede aplicarse al uso de las reservas internacionales, las cuales, una vez que cubran las necesidades de garantizar la estabilidad monetaria y la inflación, así como los riesgos de fuertes ataques especulativos o la caída abrupta de las exportaciones e importaciones, el resto, o una parte de él, podría utilizarse para darle un tremendo impulso al desarrollo económico y a redoblar el combate a la pobreza.
A la fecha, nuestro país dispone de un poco más de 7.800 millones de dólares en concepto de reservas. Y lo dispone en serio, a partir del fallo de la justicia de los Estados Unidos, que rechazó la querella promovida en contra del Estado paraguayo por la firma italiana SACE S.A en el sonado “caso Gramont”, como se conoció a la estafa cometida hace tres décadas por uno de los personeros del régimen stronista. En consecuencia, la banca matriz ahora tiene las manos libres para colocar esos fondos en instituciones financieras estadounidenses, a tasas de interés muy superiores a las que percibe del banco suizo en el que se hallan depositadas (el BIS), insignificantes por cierto, pero blindadas ante eventuales embargos.
Ante este nuevo escenario, de indiscutible trascendencia, corresponde impulsar un debate serio y práctico sobre el uso de las reservas, que va mucho más allá de las colocaciones en condiciones más ventajosas. El monto acumulado pone en discusión si éstas mantienen como único papel los señalados anteriormente, es decir los referidos a la política monetaria o si, además, pueden emplearse a los fines del desarrollo económico y de la justicia social, como en los países más desarrollados de Europa, por ejemplo.
Un dato significativo. Los organismos financieros internacionales recomiendan que las reservas, para que sean un respaldo efectivo al valor de la moneda y puedan enfrentar “sacudones” en el mercado financiero, representen cuatro meses de las importaciones. En nuestro país, cuyas compras del exterior suman un total anual de U$S 11.000 millones, eso significaría tener un colchón de U$S 3.600 millones, pero tenemos algo más de 7.800 millones, es decir, el quivalente no a cuatro meses de importaciones, ni a seis, sino a… ¡ocho!
Otro dato. Las reservas internacionales de los países de América Latina, en promedio, constituyen el 15% de su Producto Interno Bruto (PIB) y en algunos casos no supera el 10%, como en Chile, Brasil y México. En el Paraguay, en cambio, suponen nada menos que el 25%.
Estos son hechos de la realidad, que no pueden negarse con la simple afirmación de que la Carta Orgánica del Banco Central del Paraguay no permite emplear esos fondos para otra cosa que no sean las mencionadas anteriormente, como aducen algunos técnicos. Después de todo, esa ley, como cualquier otra, puede modificarse en función a los intereses nacionales, si las condiciones así lo ameritan, como hasta ahora todo lo indica.
Hay que abrir el debate. Que opinen los técnicos de Hacienda, los economistas y los políticos, dejando de lado los prejuicios doctrinarios e ideológicos, para que el país resulte beneficiado.