ADN Digital
El polémico fallo dictado días atrás por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por el cual se absolvió a 11 ciudadanos condenados en el “Caso Curuguaty”, tiene varias aristas que deben ser objeto de análisis, ninguna de ellas, por cierto, positivas para la vida institucional de la República. Desde las incongruencias en las que incurrieron los propios magistrados, hasta las influencias políticas que sobre ellos se habría ejercido; y desde las negociaciones tras bambalinas para llenar las vacancias en el máximo tribunal, hasta las ridículas exigencias presentadas por el senador Fernando Lugo a modo de la ya famosa pregunta sobre “¿qué pasó en Curuguaty?”. Y esto último, al revés de lo que pretende, bien podría ser la punta del ovillo de la cual tirar para comenzar a desenredar esta historia que genera tantas controversias.
Y no es para menos. En junio del 2012, hace seis años, once campesinos y seis policías perdieron la vida en un enfrentamiento que estaba preanunciado. Este capítulo del conflicto se inició a fines de mayo de ese año, cuando un centenar de labriegos ocupó la finca “Campos Morumbí” o “Marina Cué”, perteneciente al Estado paraguayo, aunque su propiedad era reivindicada por los herederos de Blas N. Riquelme. Fueron tres semanas de hostiles proclamas por parte de los ocupantes, que se negaban a abandonar el sitio, a pesar de la orden de desalojo.
Publicaciones de la época señalan que una comitiva policial se trasladó hasta el lugar con el fin de pactar un desalojo pacífico y se encontró con personas armadas, quienes advirtieron a los efectivos que si intentaban ingresar al predio serían repelidos a tiros. Hasta que el 15 de junio, el Ministerio del Interior, a cargo de Carlos Filizzola, ordenó la puesta en marcha del operativo para desalojar a los ocupantes, encabezado por el comisario Erven Lovera, que ingresó al predio desarmado y con los brazos en alto, junto con otros miembros de la GEO. Y entonces se desató el infierno que ocasionó las bajas en la policía, primero, seguida por la respuesta de quienes venían detrás de los caídos.
Cabe destacar el tiempo transcurrido entre la ocupación y la matanza, un poco más de tres semanas, así como la hostilidad manifiesta de los que ocuparon la fracción en cuestión, por el simple hecho de que eso contrasta abiertamente con la absoluta inacción del gobierno, presidido entonces por Fernando Lugo, que no tomó cartas en el asunto y, cuando lo hizo, llevó a cabo el peor de los procedimientos, con los resultados trágicos que todos conocemos.
Estos sucesos le costaron el cargo al exobispo. Sus aliados del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) le retiraron el respaldo político y, con los votos de éstos, terminó siendo sometido a juicio político y destituido del cargo de presidente de la República. Sin embargo, las denuncias en su contra nunca fueron remitidas a la justicia, ni investigadas en dicho ámbito por iniciativa propia.
Pues bien, pasaron seis años de la matanza, los acusados y condenados recuperaron su libertad, de los 17 muertos, salvo sus familiares, ya nadie se acuerda, los autores materiales y morales, si los hubiere, siguen impunes, y por si todo esto fuera poco, Lugo, sorprendentemente, vuelve a la carga con su “célebre” interrogante: ¿Qué pasó en Curuguaty?
No sabemos si lo hace por cinismo o con el fin de eludir sus propias responsabilidades, pero que intenta tomarnos el pelo no cabe ninguna duda, pues el 15 de junio del 2012 él era nada menos que presidente de la República, por lo cual, se supone, quien debe tener más información sobre el tema y, en consecuencia, responder a la pregunta que con todo descaro nuevamente formula.
Tras el reciente fallo dictado por los magistrados que integraron la Sala Penal de la Corte, Cristóbal Sánchez, Arnaldo Martínez Prieto y Emiliano Rolón, el caso queda en una completa nebulosa, pero en algún momento será revisado y se hará justicia. Son delitos de lesa humanidad, que como tales no prescriben.
Cuando eso ocurra, el primero en ser llamado a declarar tiene que ser, obviamente, el expresidente. Una de las piezas clave para reanudar las investigaciones sobre bases serias.