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CIUDAD DEL ESTE. El Lic. Julio López, presidente de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, detalló cómo la administración de Miguel Prieto, a la que calificó de “corrupta e incompetente”, incurrió en lesión de confianza, en el uso y aplicación de los recursos provenientes de los impuestos inmobiliarios, así como del fondo especial para la pavimentación. El monto malversado, según manifestó, es de más de G. 7.448.500.000. Existe una denuncia en el Ministerio Público, pero que nos prospera, de acuerdo a sus expresiones.

Durante una larga exposición a través de Paraná TV, López explicó cómo Miguel Prieto, exintendente de Ciudad del Este y candidato al “rekutu”, incurrió en lesión de confianza. Se refirió a dos normativas: la Ley Nro. 553 y la Ley Nro. 3.966.

En cuanto a la primera, la 553, en su artículo 179 establece con claridad qué porcentaje de los ingresos provenientes del impuesto inmobiliario tiene que ir a obras de infraestructura. “El término que se utiliza en la ley es la aplicación gasto de capital, que no es otra cosa que las inversiones que la institución comunal debería realizar en toda la ciudad”, señaló.

Añadió: “complementariamente a ese 60 % que se tiene que aplicar del ingreso neto bajo el concepto de impuesto inmobiliario, la Ley 3.966, en su artículo 166 establece en el inciso ‘a’ que se le debe adicionar un 10 % al impuesto inmobiliario, que tiene que ir a un fondo especial para invertir en pavimentación. El inciso ‘b’ igualmente establece que el 10 % se le tiene que aplicar al impuesto a los rodados. También con el mismo fin, un fondo especial para la pavimentación. Es decir, que el 60 % neto del impuesto inmobiliario, más el 20 % que señala la Ley 3.966, íntegramente tiene que ir como gasto de capital”.

“La Contraloría Ciudadana, haciendo un análisis, pudo percibir que prácticamente cerca del 50 % de todos esos recursos habrían sido invertidos (en la administración de Prieto) en gastos de capital. Sin embargo, el restante, cerca del 50 %, han ido a gastos corrientes que la ley de manera taxativa y de manera imperativa lo prohíbe”, resaltó.

“La pregunta, Miguel Prieto, es: ¿qué pasó de los 7.448.534.582?”, refirió. Este es el monto que constituye la base para la denuncia por Lesión de Confianza formulada por representantes de la Contraloría Ciudadana, presentada el 24 de mayo ante el Ministerio Público e identificada como la causa 6734/21. La misma está encajonada en la unidad fiscal de Sergio Irán Villalba.

El titular de la entidad, explicó que del ciento por ciento de lo recaudado por impuesto inmobiliario, es decir, más de 28 millones de guaraníes de los más de 7.448.500.00, se tiene deducir un 15 % (más de 4.293.000.000) que debe ser transferido obligatoriamente a la Gobernación del Alto Paraná. También la ley contempla la retención o el descuento de otros 15 % que tienen que ser trasferidos al Ministerio de Hacienda para posteriormente, a través de esa cartera económica, redistribuir hacia los municipios de menores recursos, indicó. “Entonces tenemos el primer ingreso neto que sería de más de G. 20.035.000.000 que le debería quedar a la Municipalidad. También la ley contempla un 1 % (200.352.000) de deducción que debe ser transferido al servicio nacional de Catastro, con lo cual del 100 % que le había quedado de neto, le queda un 99 %. En este caso, el neto 2, que sería el final, representa algo así como 19.834.917.000”, detalló.

“Puntualmente, lo que establece la Ley 5.513/15 y es importante que la ciudadanía maneje esto, depende mucho de la capacidad del administrador (intendente) para que ese 60 % que debe ir a gastos de capital pueda ser 70, 80, 90 y si es posible 100 % y no ser aplicado esa forma, los otros rubros que son de ingresos genuinos también a la institución comunal, puedan ser direccionados a obras de infraestructuras y programas sociales. En este caso, conforme a la Ley 5513, el neto que tenía que haber sido utilizado para gastos de capital es de G. 11.900.950.000”, apuntó el presidente de la Contraloría Ciudadana.

FONDO ESPECIAL PARA LA PAVIMENTACIÓN

Por otro lado, López también explicó que la Ley 3.966, en su artículo 166 incisos “a” y “b”, establece un Fondo Especial del 10 % sobre el impuesto inmobiliario y del 10 % sobre la patente de rodados. “En el año 2020, la Municipalidad (de Ciudad del Este) habría recaudado 3.345.727.814 en ese concepto, es decir, Fondo Especial para la Pavimentación. Este recurso debería ser aplicado en un ciento por ciento a gastos de capital, que sumando al neto de la ley, los G. 11.900.950.000, el total de ingresos que deben ser aplicados directamente a gastos de capital son G. 15.246.678.000”, subrayó.

Explicó que “gasto de capital implica tener que construir por ejemplo la pavimentación de nuestras calles, ya sea a nivel de empedrados, pavimentación asfáltica, además, establecer los sistemas de desagüe fluvial, cloacal, mejorar todo lo que tenga que ver con infraestructura y obras complementarias para que mejoremos el nivel y la calidad de vida de los habitantes”.

Siguió detallando: “En la parte de egresos podemos confirmar que de los G. 15.246.678.000, que debían ser aplicados íntegramente a gastos de capital, solamente se aplicaron G. 7.798.144.276, es decir, solamente el 51 %. El 100 % se tenía que usar para obras de infraestructuras, pero no, se aplicaron solamente el 51 % y se derrochó, se gastó el 49 % de ese dinero y eso configura es lesión de confianza”.

“La figura que antes se utilizaba era de malversación, que es el uso del dinero que tenía que ser aplicado para un fin determinado y se agarra esa plata y se utiliza para otro rubro. Y en este caso estamos hablando de G. 7.448.534.306, que representa el 49 % del total de lo que tendría que haberse utilizado en obras de infraestructura”, especificó.

“Imagínense, 49 % se dejó de aplicar en obras de infraestructura. Y si se hace un análisis de los ingresos municipales, más del 90 % fueron a gastos corrientes: salarios, combustibles y otros gastos relacionados que hacen a la marcha de la institución. Es una verdadera locura”, afirmó.

El Lic. Julio López puntualizó: “Cuando hay un problema de conducción, acompañado de un alto nivel de corrupción, cuando hay incompetencia, cuando no se optimizan los recursos, nos presentan este tipo de escenarios”.