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Ayer se iniciaron las reparaciones del edificio del Congreso, al que prendió fuego un grupo de desadaptados azuzados por políticos y medios de comunicación que estuvieron dispuestos a alentar otro Marzo Paraguayo con tal de impedir que Horacio Cartes pudiera ser reelecto. Aunque el presidente del Legislativo, Fernando Lugo, dice que una aseguradora se hará cargo del costo, deberían hacerlo los responsables.
ASUNCIÓN.- En su primera etapa, las obras de reparación del edificio del Congreso costarán 825 millones de guaraníes, aunque no se sabe aún cuánto dinero demandará la totalidad de las reparaciones, que deberán estar listas para el próximo mes de mayo.
A casi un año de la feroz campaña protagonizada por el diario de Zuccolillo y políticos encabezados por el titular del PLRA, Efraín Alegre, que culminó con la quema del Congreso y la muerte de un joven liberal, la impunidad que tienen estos personajes, a quienes se suman Desirée Masi y Rafael Filizzola, es absoluta y vergonzosa.
No existe la menor duda de que los patoteros que ingresaron a la fuerza al Congreso y le prendieron fuego eran operadores políticos de estos dirigentes, que desde varios meses atrás se pasaron convocando a la ciudadanía para que saliera a las calles a evitar la aprobación de la enmienda, intentando revivir el Marzo Paraguayo de 1999, sin importarles que pudieran volver a haber víctimas fatales.
Por eso es que sería de lo más justo que los incitadores a la violencia fueran los que asumieran las consecuencias y los costos del desmadre que ellos motivaron. Aunque Lugo aseveró que el edificio está asegurado y que será la empresa de seguros la que se hará cargo de los costos, de alguna manera estos recaerán en la ciudadanía, lo cual es absolutamente inadmisible.
Son Zuccolillo, Alegre, Masi y Filizzola quienes deben asumir, de su propio bolsillo, todo el gasto de reparación del edificio del Congreso, justamente uno de los más emblemáticos y representativos del país.
La empresa que se encargará de las obras es Gavilán & Asociados y la fiscalización estará a cargo de ingenieros y técnicos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).
NINGÚN AUTOR MORAL FUE CITADO SIQUIERA A DECLARAR
Ningún autor moral de la quema del Congreso fue citado siquiera a declarar. Todos los imputados son actores materiales que, obviamente, obedecían indicaciones de sectores políticos claramente involucrados, que son los que siguen justificando su incitación a la ciudadanía a salir a las calles para impedir “el atropello a la Constitución”. El abogado Juan Sosa Bareiro, uno de los representantes del grupo de senadores colorados que denunció a los autores morales del violento suceso del 31 de marzo pasado, dice que hay pruebas instrumentales y testigos que identificaron a los cabecillas, pero la Fiscalía no ha hecho nada hasta ahora.
En conversación con ADN explicó que “hasta ahora lo que tenemos es que fue imputada gente que ha sido vista en flagrancia tanto por el circuito cerrado del Congreso mismo como también de las calles aledañas a través del Sistema 911. Hay 19 imputados, pero solamente actores materiales, ningún autor moral ha sido todavía imputado en el transcurso de esta causa que sufrió muchísimas dilaciones por chicanas que impusieron muchos procesados. Ningún autor moral fue todavía sindicado ni imputado”.
En cuanto a la denuncia presentada, explicó que “nosotros hacemos una relación y mencionamos a algunas personas que aparecen en el cruzamiento de llamadas que se dieron en el momento exacto de los sucesos; algunos autores políticos cuyos teléfonos aparecen en los registros de quienes fueron los que realizaron los daños. Es así que hemos denunciado la participación directa e indirecta, en algunos casos, de algunos políticos del Partido Liberal y también otros políticos de otros partidos, grupos sociales, pero principalmente en las horas que se dieron los sucesos”.
Sosa Bareiro mencionó específicamente al presidente del PLRA, Efraín Alegre, y al presidente del PDP, Rafael Filizzola. “Dentro del expediente hay documentación muy clara de testigos presenciales y vivenciales, como fueron los policías, quienes dicen claramente que tanto Filizzola como Efraín Alegre eran personas que estaban agrediendo a la Policía, y lo dicen los propios policías que estaban allí, o sea que en ese sentido, además de las instrumentales, como los cruces de llamadas, hay declaraciones de testigos presenciales. También hay algunos barras bravas que fueron detenidos y que han argumentado quienes fueron los que les contrataron. Y luego encontramos relación política entre los que contrataron a los barras bravas y muchos políticos.
“Hemos insistido desde el primer día, que estas personas que fueron imputadas son los últimos del eslabón, peones. Que esto fue producto de un plan diseñado para generar daño y caos y ese plan no puede venir de barras bravas organizadas ni tampoco de personas de tercera o cuarta línea. Hemos dicho públicamente que esto viene de sectores políticos interesados en que en ese momento y ese día exista un caos social. Esa es la realidad que hemos encontrado en el propio expediente, no solamente en una cuestión anecdótica o caprichosa de nuestra parte sino de elementos precisos y contundentes que están dentro de la carpeta fiscal”, añadió el abogado.
