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Un grupo de diputados impulsa una reforma al Código Electoral con el objetivo de adecuar las normas de financiamiento de campañas políticas a los desafíos actuales. La iniciativa propone cambios sustanciales en los procesos administrativos de los partidos, el control de recursos utilizados y la rendición de cuentas por parte de los candidatos.
Los legisladores Raúl Latorre, Miguel Del Puerto, Rocío Abed, Daniel Centurión y Hugo Meza presentaron la propuesta que modifica los artículos 64, 66 y 278 del Código Electoral vigente, argumentando que la normativa actual impone trabas operativas a las agrupaciones políticas y resulta ineficaz para garantizar una verdadera transparencia.
Uno de los principales cambios apunta al reconocimiento anticipado de los movimientos internos, permitiendo que estas estructuras puedan gestionar su RUC y habilitar cuentas bancarias incluso antes de inscribir oficialmente candidaturas. Esta modificación busca ordenar el proceso y facilitar el control del origen y uso de los fondos desde las etapas iniciales de la campaña.
La iniciativa también apuesta por la digitalización, tanto la Declaración de Ingresos y Gastos de Campaña (DIGC) como la Declaración de Intereses Económicos Vinculados (DIEV) deberán presentarse exclusivamente en formato digital, eliminando trámites en papel y agilizando la fiscalización.
Otra novedad es la rendición individual. A diferencia del modelo vigente, que exige declaraciones agrupadas por movimientos, la nueva normativa establecería la obligación de que cada candidato presente sus propios informes financieros y patrimoniales, incluyendo vínculos con sociedades o inversiones privadas.
En materia de transparencia, el proyecto establece que todas las declaraciones e informes deberán publicarse en el portal del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) en un plazo máximo de diez días hábiles, garantizando así el acceso ciudadano a la información.
Finalmente, se prevé una sanción ejemplar para los casos de falsedad en las declaraciones: la inhabilitación del candidato por diez años para postularse a cualquier cargo electivo. Esta pena no figura actualmente en el marco legal.
El proyecto ya fue presentado en la Cámara de Diputados y será evaluado en primera instancia por las comisiones asesoras antes de pasar al pleno para su eventual tratamiento.
