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ASUNCIÓN. El ministro Daniel Centurión, asesor político de la Presidencia de la República, dijo esta mañana que el instituto del Juicio Político es una herramienta jurídica a la cual debe recurrirse como culminación de un proceso que haya identificado de manera fehaciente la comisión de algún tipo de hecho punible. De esa manera, desechó el azuzamiento sobre todo mediático, de algunos políticos y hasta de agentes comunicacionales, de una eventual destitución de la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñónez.

“Existe un sector de la clase política que tiene la primera reacción con respecto al desempeño de autoridades nacionales de plantear un juicio político. Ese instituto tiene que ser la culminación de un proceso donde se identifique fehacientemente el mal desempeño de sus funciones o delitos cometidos en el ejercicio del cargo o algún delito común”, manifestó Centurión durante una entrevista con la Radio 970 AM.

“No podemos, ante presunciones, ciertos comentarios, plantear como primera reacción el juicio político. Nosotros tenemos que proteger la República, fortalecer las instituciones. El parlamentario que plantea el juicio político a la fiscala general del Estado inclusive estaba en un debate en redes”, añadió.

Igualmente, comentó que hasta llegó a ver capturas de pantalla donde un parlamentario reclamaba a sus colegas una “falta de apoyo” para arremeter políticamente contra Quiñónez y que, incluso, se hablaba de “presión” para retirar el juicio político contra la fiscala general, sin que en ningún momento se haya presentado todavía algo semejante.

No solo Centurión sostiene esta tesitura contraria a la de plantear un juicio político contra Quiñónez. La propia bancada de Honor Colorado, en la Cámara de Diputados, ya había sentado posición al respecto, rechazando cualquier juicio político contra la fiscala general por el “caso” Karim Salum.

Inclusive, el mismo presidente del Partido Colorado y titular de la Cámara Baja, Pedro Alliana, ya se había pronunciado al respecto, lamentando la “guerra” contra Sandra Quiñónez y, fue más lejos, señaló que la “cruzada” contra la fiscala general no era sino el resultado de un allanamiento fiscal al local de un medio de prensa, donde sus propios funcionarios denunciaron que los obligaban a trabajar exponiéndose todos a un potencial contagio con el coronavirus.