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Cuando se habla de los recursos distribuidos por la Ley del Fondo Nacional de Inversión y Desarrollo (Fonacide), que son los obtenidos por la cesión de energía al Brasil, de la Itaipú Binacional, se hace referencia a mucha plata. Son 360 millones de dólares que recibe nuestro país cada año desde el 2012.
Obvio que se trata de una suma que a cualquier estamento le gustaría manejar y hoy la obsesionada con ese dinero es la gente de Educación, empezando por el propio ministro Eduardo Petta.
Sin embargo, para argumentar la necesidad de modificar la normativa de distribución de los recursos, de nuevo se ataca especialmente a los intendentes municipales. Pero lo que no saben es que apenas un cuarto de la plata mencionada (90 millones de dólares), es destinado a la infraestructura educativa y esa parte administran las municipalidades y gobernaciones.
Siempre, cuando se habla de Fonacide directamente son criticadas las municipalidades. La mayoría tiene al Fonacide como sinónimo de despilfarro por parte de los intendentes, probablemente sin tener en cuenta que esos 90 millones de dólares se distribuyen en 257 municipios y 17 gobernaciones, para miles de instituciones educativas y millones de alumnos, para la alimentación escolar.
Y cuando se pone de vuelta en el tapete este tema y solo entra en discusión el 25 por ciento de los 360 millones de dólares, uno se pregunta ¿y el 75 por ciento de esa plata? ¿Quién sabe cómo se maneja el 30 por ciento destinado a la Excelencia Educativa?, o el resto de la plata, 45 por ciento más.
El ministro de Educación y Ciencias, Eduardo Petta, antes de asumir el cargo, hasta parecía que lo único que le interesaba era “apoderase” de la plata del Fonacide y ya habló de la modificación de la Ley, para que todo lo que sean recursos para infraestructura educativa maneje esa cartera de Estado.
Y hoy no sería nada extraño que esté utilizando a los líderes sindicales de la educación para impulsar la campaña de desprestigio a los intendentes. En ese sentido, su “incondicional” sería Silvio Piris, un activista del movimiento Colorado Añatete, quien utilizó el gremio docente para buscar beneficios personales en la política.
Hoy, el presidente del Sindicato Nacional de Directores (SINADI), Miguel Marecos, ya habla del Movimiento Cruzada Nacional con la presentación de un anteproyecto de modificación de la Ley del Fonacide.
Y comienza a atacar nuevamente a los intendentes municipales, queriendo zafarse de las responsabilidades, cosa que sería imposible, porque los emprendimientos con la plata del Fonacie se realizan en las escuelas y colegios y no puede ser que los directores no sepan nada.
Parecía que el populismo era patrimonio exclusivo de los sinvergüenzas e incapaces políticos. Sin embargo, muchos miembros del Sindicato Nacional de Directores (SINADI) demostraron que existen docentes que son tan iguales o peores que muchos zoqueteros parásitos del pueblo.
No sería exagerado decir hoy que son utilizados por el Ministerio de Educación, buscando centralizar de vuelta el manejo de los recursos para la infraestructura educativa en nuestro país.
El propio Miguel Marecos, cuando estuvo en campaña proselitista con Eduardo Petta, éste para gobernador de Central y él para Diputados (los dos se quedaron con las ganas), con una gran desfachatez hablaba de los supuestos malos manejos de la plata por los intendentes municipales.
Pero no contó que las inversiones deben realizarse en coordinación de los directores de las instituciones educativas. Las obras son aprobadas por el Ministerio y deben ejecutarse en las escuelas y colegios. Y estas instituciones son como las casas de los directores y ellos, como mínimo deben saber lo que se hace en sus casas.
Si existe mal manejo de los fondos, los directores deben ser también responsables o cómplice, pero no encuentra otra fórmula mejor que buscar culpable y se adhieren a las críticas de la prensa a los intendentes.
En su momento, SINADI creó una página en el Facebook para publicar supuestamente las irregularidades, con la excusa de que “todos los paraguayos/as tienen derecho a saber, en que se utiliza el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo”. Nunca publicó nada.
Durante el año se pasaron realizando reclamos, pero nunca se acordaron del estado en que se encontraban las aulas de los centros educativos. Tampoco mencionan que el Ministerio maneja el 30 por cierto de los fondos, destinado a la Excelencia Educativa y hasta hoy aquellos millones de dólares no son invertidos o por lo menos no se informa de su utilización, no se exige rendición de cuenta de esa plata.
Ojala pregunten también ¿Dónde está esa plata?, que es mucho más de los que manejan los municipios y las gobernaciones, para tratar de centralizar también el manejo de esos recursos en el Ministerio de Educación.
Aquí no hay vuelta que dar, los propios directores de los colegios y escuelas, son los primeros responsables del estado en que se encuentra la infraestructura educativa. Los directores deben ser ejemplo y deberían también rendir cuentas del manejo de los fondos para la infraestructura escolar, porque forman parte de la comunidad educativa y su responsabilidad es coordinar y controlar las ejecuciones de obras.
