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Lo que pretende el Senado al querer reglamentar ahora la pérdida de investidura es absolutamente inadmisible porque esta cámara, solamente en este periodo que se inició en el 2018, ya expulsó a 4 de sus miembros con un procedimiento sumario y rápido. Esto sin mencionar que en el periodo anterior se expulsó a Óscar González Daher y en este se obligó a renunciar a Jorge Oviedo Matto.
Esto, en lenguaje bien sencillo, implica pretender que se cambien las reglas de juego a mitad de un partido. Y, sobre todo, da el fuerte mensaje de lo que se hizo en las ocasiones anteriores fue ilegal y permitiría que quienes fueron expulsados reclamen, con todo derecho, su vuelta a la cámara.
Aunque no pudieron imponer una mayoría calificada en el proyecto de marras, establecieron un proceso lento y pesado, presuntamente para garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa del legislador que esté sentado en el banquillo de los acusados, lo cual implicaría que a González Daher, Oviedo Matto, Víctor Bogado, Dionisio Amarilla, Paraguayo Cubas y María Eugenia Bajac no se les hubieran respetado sus garantías constitucionales, lo cual no es cierto, más allá de que en algunos casos, como el de Amarilla y Bajac, la expulsión tuvo un fuerte tinte político.
Para empeorar aún más las cosas, los que ahora pretenden una ley reglamentaria y hasta una sentencia previa, son los mismos que sin ningún empacho votaron por la expulsión de los senadores mencionados, algunos que ni siquiera habían sido imputados.
Pero no hay que dar muchas vueltas para encontrar la justificación a esta postura. Todo empezó con el pedido de pérdida de investidura de Rodolfo Friedmann, quien no solamente ocupa una banca en el Senado sin haber sido electo ni proclamado para ello, sino que cumple con las 3 causales previstas en el artículo 201 de la Constitución: No podía ser candidato a senador porque su empresa era proveedora del Estado; no podía ejercer la senaduría porque su empresa seguía siendo proveedora del Estado; y ya en la cámara y hasta ahora, trafica influencias obteniendo licitaciones para su empresa para la provisión del almuerzo escolar en los departamentos de Guairá y Caazapá.
Pero los oficialistas cerraron fila para blindar al exgobernador del Guairá, con el apoyo de sus aliados coyunturales, el PDP y Frente Guasu. De esa manera se evitó siquiera tratar su pérdida de investidura con la excusa de que se necesitaba una ley reglamentaria y una sentencia judicial, lo que jamás importó para los 6 anteriores, como si ellos hubieran sido senadores de segunda y Friedmann, de primera.
Si esto ocurrió en el Senado, en donde el pleno había actuado con decisión en los casos anteriores, no queremos ni pensar en lo que harán en Diputados, en donde ni siquiera se permitió iniciar el proceso de pérdida de investidura de ninguno de sus miembros. Seguramente allí impondrán una mayoría calificada, blindando aún más a los legisladores, y en la Cámara Alta no habría votos necesarios para rechazarlo. La única esperanza que queda es que el Ejecutivo, por tercera vez, vete el intento de blindaje de las cámaras del Congreso, pero hasta de esto ya se tienen dudas.