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Ni bien quedó en claro que el aumento irregular para más de 2 mil funcionarios públicos, sin la autorización de Hacienda, se pergeñó en la bicameral de Presupuesto, quedó en claro que eran los miembros de la comisión quienes deberían dar la cara y asumir la responsabilidad.
Además, quedó en evidencia que al considerarse el proyecto en plenario de ambas cámaras, con el dictamen respectivo, el estudio ya es bastante superficial, porque se supone que el trabajo fuerte fue el de comisión. Así que no hubo ninguna posibilidad de que algún senador o diputado, no miembro de la bicameral, pudiera captar las diferencias entre los salarios estipulados en el proyecto del Ejecutivo y el que fuera finalmente aprobado por el Legislativo. Eso si es que las modificaciones se hicieron antes de la sanción de la ley, porque pudo ser después.
La ilegalidad se notó, por primera vez, en el Ministerio de Agricultura, cuando la parte administrativa comparó el salario de un funcionario con lo que, en realidad, debería recibir y saltó la diferencia. A partir de allí, una rápida investigación hecha por Hacienda detectó un total de 2.123 funcionarios que tuvieron un aumento que llegó, en algunos casos, hasta los 4 millones de guaraníes.
Si no estaba este aumento previsto en el proyecto del Ejecutivo, quedó obvio que se dispuso en la bicameral, por lo tanto es ella y quien fuera su presidente en el período pasado, el diputado Arnaldo Samaniego, quienes tendrán que dar la cara y asumir las consecuencias.
Hacer lobby ante las cámaras del Congreso para conseguir algún trabajo, cargo o beneficio de alguna clase es algo frecuente y natural desde toda la vida. La cantidad de personas que llegan ante el “plato volador” buscando la solución a sus problemas es grande, siempre. Algunas consiguen, aunque sea, una promesa y otras se van sin nada, con las manos tan vacías como llegaron.
Pero siempre se presume la buena fe, tanto del ciudadano como del legislador que lo atiende, aunque muchas veces fuimos decepcionados. Pero esto que hizo el equipo de Samaniego sería retorcido e ilícito. Los integrantes de la Bicameral tienen acceso al sistema de Hacienda y pueden entrar y alterar datos, como salarios por ejemplo. Así que, parece que los aumentos no figuraron en el proyecto que finalmente fue sancionado, sino que se introdujeron después, de manera retorcida, pretendiendo que los mismos pasaran desapercibidos para los responsables del manejo del dinero público; pensando quizás que el sistema era lo suficientemente viejo e ineficiente como para que los controles no funcionen.
Si las cosas ocurrieron de esta manera, la situación es muy grave, ya que no solamente se trata de pretender beneficiar a personas cercanas a Samaniego y otros miembros de la comisión, sino de un verdadero delito porque implica la alteración de documentos públicos.
Sea como fuere, es imprescindible que el diputado colorado dé la cara y asuma la responsabilidad de lo hecho. No fue una travesura de estudiantes que entran al sistema para buscar el texto de un examen, sino una clara adulteración del esquema oficial que maneja la Administración Pública en materia salarial de los funcionarios. Alguien tiene que responder por esto.