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Enrique Salyn Buzarquis, exministro de Obras Públicas, consiguió suspender por décima vez su audiencia preliminar, ante la jueza Griselda Caballero. El senador liberal está siendo investigado desde el 2014 por supuesta lesión de confianza y usurpación de funciones públicas, al ocasionar un perjuicio al Estado paraguayo de 600.000 dólares cuando se desempeñaba como titular del MOPC. Esta vez llegó con un nuevo abogado, quien pidió la suspensión y copias del expediente para interiorizarse del tema.
ASUNCIÓN.- La fiscal Victoria Acuña, quien atiende el caso, destacó que por décima vez fue suspendida la audiencia del senador liberal Enrique Salyn Buzarquis. Fue a raíz del pedido que hizo el abogado Diego Bertolucci, quien ayer asumió como defensor del investigado, y de la existencia de un inconveniente legal para proseguir con el caso judicial, que se trata del fuero parlamentario.
Acuña expresó que la semana pasada puso a conocimiento del juzgado que Buzarquis juró el 30 de junio como parlamentario y consiguió así el privilegio de sus fueros. Señaló que la jueza Griselda Caballero resolverá si es o no vinculante que posea fueros, ya que el proceso inició antes de que sea legislador.
Sin embargo, la representante del Ministerio Público indicó que el riesgo que se corre es que la defensa podría articular un mecanismo y anular posteriormente el proceso. “Lo que no quiero es arriesgar una nulidad posterior de la audiencia y lo mejor es comunicar al Senado para que se defina ahí”, dijo Acuña
Por su parte, el abogado Bertolucci consideró que no corresponde el desafuero solicitado por la Fiscalía. “Cuando el supuesto ilícito fue denunciado, mi defendido no tenía fueros. No hace falta desaforarlo para la audiencia, se va a presentar y no hay ningún inconveniente. Esta es una persecución política”, manifestó.
Igualmente, el letrado sostuvo que en este caso los delitos denunciados son inexistentes.
EL CASO
El 7 de marzo de 2014 el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona, denunció ante la Fiscalía a su antecesor, Enrique Salyn Buzarquis, por usurpación de funciones públicas y lesión de confianza.
De acuerdo a la denuncia, presentada ante el Fiscal General del Estado de aquel entonces, Javier Díaz Verón, el extitular del MOPC firmó un convenio de cooperación con la empresa ANAS International Enterprise S.A.P (ANAS S.P.A), sin tener la autorización para contratar una consultora nacional ni los fondos para solventar el servicio.
Según los antecedentes del caso, el 24 de setiembre del 2012, en la ciudad de Roma, Italia, Enrique Salyn Buzarquis y Pietro Ciucci, presidente de la empresa ANAS S.P.A., celebraron un convenio marco de cooperación entre las dos entidades para ejecutar tareas en departamentos del Chaco y Ñeembucú, generándose una deuda de US$ 500.000 contra el Estado Paraguayo y de otros US$ 100.000 en contra de la EBY.
Al momento de realizar el viaje, no existe constancia de autorización del entonces Presidente de la República Federico Franco para suscribir la contratación de una consultora; y tampoco se programó una partida presupuestaria para solventar el servicio.
El ministro Ramón Jiménez Gaona manifestó que ante la Procuraduría General de la República se pedirá la nulidad del contrato, de manera a salvaguardar el patrimonio del Estado.
