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Con la absurda interpretación de que los expresidentes solamente serán vitalicios, Nicanor Duarte Frutos no puede ser director de Yacyretá ni ocupar otro cargo público, según el doctor Juan Carlos Mendonca, quien dijo que el expresidente es un daño colateral puesto que el verdadero perseguido es el presidente Horacio Cartes, de quien quieren su muerte política y ciudadana.
ASUNCIÓN.- El conocido jurista dijo estar preocupado por la grave situación que vive el país, porque en ciertos aspectos de la vida jurídica, “estamos viviendo en un estado de anomia jurídica; estamos sin normas; no estamos respetando las normas. Esto es muy grave. En otros países del mundo sería sumamente grave que el presidente del Congreso no obedeciera 2 sentencias judiciales, una del Tribunal Electoral y otra de la Corte Suprema de Justicia. Sería una crisis institucional de enorme trascendencia. Pero acá no pasa nada. Estamos por lo visto acostumbrados a estas cosas”.
“Yo creo que la raíz de todo está en el (artículo) 189 (de la Constitución) y la absurda interpretación que se le da que es el que trata de la senaduría vitalicia, porque en este caso se dice no solo que está prohibido ser senador, está prohibido todo. Está prohibido ser funcionario público; ni para hacer la limpieza está permitido. Todo aquello que es servicio al Estado estaría prohibido”, manifestó.
Y añadió que “no es solamente una prohibición de cargos electivos. Es la muerte política, ciudadana. Nuestra Constitución no establece más que la suspensión de la ciudadanía, no la pérdida de la ciudadanía. Aquí se pierde definitivamente, vitaliciamente”.
Pero Duarte Frutos no es más que un daño colateral puesto que “el verdadero perseguido es el señor Cartes. Nicanor es un personaje que se convierte en víctima por causa de otro personaje. No es él el enemigo, es el señor Cartes, y para eliminar al señor Cartes hay que eliminar al señor Duarte Frutos porque sería un mal antecedente permitirle a él y después no permitirle al otro”, explicó.
Mendonca afirmó además que la culpa no recae en la oposición, porque la decisión tomada por Lugo, a todas luces inconstitucional, no fue decisiva; esto significa que “pudo ser reparado por el pleno, por los colorados, pero no lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron?
