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Los pagos a inmuebles afectados en la construcción del segundo puente, sobre el río Paraná, en Presidente Franco, se realizaron vía Procuraduría General de la República, no lo hizo el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Esta fue la respuesta a una denuncia reiterada por Nidia Giménez, abogada de los moradores del barrio Tres Fronteras de la ciudad altoparanaense quienes se consideran propietarios de los predios. La Asesoría Jurídica de la cartera de Estado asegura que este es un caso de doble titulación “y en ningún caso se procederá al pago cuando exista superposición de títulos, sin intervención judicial”.
ASUNCIÓN.- El departamento Jurídico del Ministerio de Obras Públicas aclaró que la denuncia hecha por la abogada Nidia Giménez ya fue respondida en tiempo y forma, “en su momento aclaramos que en el caso de las propiedades afectadas por el segundo puente, el monto correspondiente a las indemnizaciones se consignó judicialmente a través de la Procuraduría General de la República (PGR), en razón a que la Unidad de Bienes Inmobiliarios constató la superposición de títulos de varios particulares”.
Un documento que obra en el MOPC determina que “el Ministerio no pagó ni va a pagar a nadie que legalmente no le corresponda. La ley de expropiación ordena a consignar judicialmente el monto de la indemnización cuando no hay superposición de títulos y el MOPC obró en ese sentido a través de la Procuraduría General de la República”.
La abogada Giménez acusó al ministro de Obras, Ramón Jiménez Gaona, al procurador General de la Republica, Roberto Moreno,y a la jueza Tania Irún de Asunción, por una supuesta“criminal connivencia” para el “cobro indebido de honorarios en perjuicio del Estado Paraguayo. Dijo que supuestamente están a punto de entregar 7 millones de dólares a poseedores de títulos falsos que figura a nombre de la familia Alfonso Perrens, en perjuicio de los verdaderos dueños de los inmuebles, quienes cuentan con título de propiedad expedido por la Municipalidad”, de acuerdo con las expresiones de la denunciante.
Los peritos y el departamento jurídico del MOPC y la Procuraduría constataron la existencia de dos o más títulos de propiedad y bajo dictamen legal dieron intervención a la Justicia para dirimir el caso.
Explica el MOPC que “con la comprobación de la existencia de superposición de títulos se determinó que la Procuraduría General de la República inicie los juicios, y los afectados que se consideren con derechos sobre los inmuebles deben tomar intervención en el juicio y hacer valer sus derechos según corresponda”. El MOPC no pagará indemnizaciones hasta tanto la Justicia decida “y será el Juez quien determine quien tiene derecho a percibir el pago de la indemnización; no el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones”, dice finalmente el departamento jurídico de la repartición mencionada.
La abogada Nidia Giménez agregó que “la Municipalidad de Presidente Franco y sus 12 concejales también denunciaron a los poseedores de títulos falsos con el fin de recuperar ese inmueble como dominio privado de la comuna ya que nunca fue transferido por el municipio”.
COMUNA DE FRANCO ATACÓ DE NULIDAD DOCUMENTO
El asesor jurídico de la Municipalidad de Presidente Franco, Patrick Ramírez, se refirió al conflicto por el inmueble sobre el cual se construirá el segundo puente sobre el río Paraná. Una familia de apellido Alfonso Perrens reclama la indemnización del Estado Paraguayo por la expropiación del terreno. El funcionario comentó que la comuna franqueña presentó ante la Justicia una acción de nulidad, dado que el título con el que cuenta la familia es de contenido falso.
El abogado de la comuna comentó que presentó la denuncia ante el juez Civil Sergio Rodríguez, y que luego éste se inhibió. Actualmente, la acción está en manos del juez Mario Aguayo, de Ciudad del Este. Informó que hace unos meses solicitó el urgimiento sobre el caso, para que se notifique a la parte acusada.
El funcionario dijo que el título con que cuenta la familia que reclama la indemnización por 25 hectáreas, tiene contenido falso. Esto porque está basada en la resolución de la Intendencia 81/74, con contenido falso.
Según explicó, dicha resolución otorga el título al primer propietario, Moisés Giménez, quien posteriormente vendió a la familia Alfonso Perrens.
“Para adjudicar a Giménez el inmueble, primeramente tiene que estar aprobado por la Junta Municipal, y luego el intendente emite la resolución. En este caso, el intendente de aquel entonces, Edgar Lineo Giménez, emitió la resolución basada en un acta de la Junta Municipal. Buscamos el acta, y en la misma no menciona ninguna adjudicación sobre ese inmueble”, remarcó.
