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Primero se negó reiteradamente a informar los “detalles” del contrato de explotación de la “Mansión Cucho” y después, cuando ya no pudo seguir manteniendo oculto esos datos, su divulgación la pasó directamente en el banquillo, al hacerse público que el beneficiario tiene más el perfil de un “prestanombre” que el de un empresario, con demandas por deudas impagas, a quien se le alquiló la lujosa propiedad por “chauchas y palitos”. Según el abogado del procesado, corresponde que su cliente demande al juez al fiscal e incluso al Estado paraguayo por procedimientos ilegales.
ASUNCIÓN.- Karina Gómez, titular de Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), inicialmente se negó a dar a conocer el contrato con el que se concedió el alquiler de la Quinta “Nápoles” de Reinaldo “Cucho” Cabaña. Tras una advertencia de la Secretaría Anticorrupción y la presión mediática, el documento se hizo público, constatándose que el alquiler del paradisíaco lugar se hizo por solo G. 7.000.000 por mes por un plazo de tres años, con opción a extensión, a una persona con oscuros antecedentes económicos e incluso figura en Informconf.
La ministra trató de justificar su proceder diciendo que el motivo por el cual no tuvieron en cuenta los antecedentes de morosidad de Ayala y la evaluación económica de la quinta, responde a la urgencia con la que debía ser ocupado dicho inmueble, ya que el sitio deshabitado era escenario propicio para hechos de vandalismos, detalló Gómez.
No obstante, controlaron los antecedentes penales del nuevo administrador para descartar cualquier vínculo con el crimen organizado.
Por su parte, el abogado Pedro Wilson Marinoni, representante legal del presunto narcotraficante, Reinaldo Cabaña, alias “Cucho”, anunció que habrá demanda contra el juez, los fiscales y subsidiariamente contra el Estado paraguayo, por haber innovado en los bienes incautados de su cliente sin que éste cuente con una sentencia firme.
Marinoni se mostró convencido de que obtendrán un fallo favorable en relación a la acción de inconstitucionalidad presentada ante la Corte Suprema de Justicia contra la ley de la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).
Según el abogado, en este proceso se vulneraron los derechos constitucionales de su cliente como ser la presunción de inocencia, prevista en el artículo 17 de la Carta Magna, así como el artículo 109 que se refiere a la propiedad privada, porque señala que “la propiedad privada es inviolable”, nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud a una sentencia judicial.
Mencionó también el artículo 20 que habla de la confiscación de bienes, que señala que las penas privativas de libertad tendrán como objeto la readaptación de los condenados y la protección de la sociedad. Quedan proscriptos las penas de confiscación de bienes y el destierro.
Destacó que en este caso corresponde que su cliente demande al fiscal y al juez que intervinieron en la causa, a todas las personas que estuvieron vinculadas al proceso y subsidiariamente al Estado Paraguayo.
