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Desde el 2015, cuando, entre disidentes y opositores lograron la mayoría, el Senado se convirtió en un obstáculo para el proceso de institucionalización y modernización del país. Entorpeció cualquier iniciativa del gobierno al solo efecto de perjudicar al presidente, y generó una de las mayores crisis políticas de las últimas décadas con la excusa de impedir la reelección presidencial.
ASUNCIÓN.- Aunque fueron 3 períodos consecutivos de abusos, desmadres y descontrol, el del año pasado fue el peor, y podríamos decir, no solo de este mandato sino de la historia legislativa desde el inicio de la transición democrática.
Ya desde fines del 2016, el grupete de disidentes y opositores iniciaron una feroz campaña en contra de la reelección presidencial, ante la posibilidad de que Cartes pudiera competir para un nuevo período en las elecciones del 2018, porque –ellos lo sabían- no tenían ninguna posibilidad de competir con él y ganar, ni los disidentes, ni los opositores.
Pero fue en los primeros meses del año pasado cuando el chúmbale a la ciudadanía, a través de los medios “amigos” y la redes sociales, subió de tono de tal manera que en el momento de que el oficialismo colorado (con una mayoría coyuntural obtenida en base a alianzas estratégicas con el Frente Guasu y el llanismo liberal), logró que el Senado trate y apruebe el proyecto de enmienda constitucional, los ánimos estuvieran tan exacerbados que el descontrol ganó las calles y la violencia se impuso a la racionalidad.
Antes de llegar a esto, en un circo absurdamente montado, ellos mismos presentaron y rechazaron un proyecto de enmienda, pretendiendo así encontrar un recoveco a la disposición constitucional que impide que un mismo tema, al ser rechazado, pudiera ser tratado hasta un año después. Como no les salió la jugada por una cantidad de desprolijidades cometidas en el proceso, terminaron por incitar a la ciudadanía a utilizar la violencia para salirse con la suya.
Durante todos los meses del año se opusieron a rajatabla a proyectos y propuestas provenientes del Ejecutivo, y como ejemplo basta el caso del nuevo fiscal general del Estado, y su resistencia a aprobar a Sandra Quiñónez, de quien reconocen que es la mejor para el cargo, pero no la quieren porque es candidata de Cartes. Quedan 5 meses para este Congreso y debemos armarnos de paciencia porque no hay ninguna esperanza de que la cosa cambie positivamente en este tiempo.
