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ASUNCIÓN. La primera vez que los senadores descubrieron que podían expulsar a uno de los suyos porque el artículo 201 de la Constitución establecía la pérdida de investidura fue en diciembre de 2017, cuando expulsaron a Óscar González Daher en el caso de los audios del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Enseguida le tomaron el gusto y en poco más de dos años de este período legislativo ya fueron 5 los senadores que corrieron la misma suerte, para los cuales sus pares no necesitaron ninguna reglamentación del artículo constitucional.

Hubo dos intentos de reglamentar la pérdida de investidura; la primera, del Parlamento anterior, que en el 2018 sancionó la primera ley reglamentaria, la cual fue rápidamente derogada cuando asumió el actual, que, a su vez, en 2019 sancionó una norma que establecía que un legislador solamente podría ser expulsado de su cámara por mayoría absoluta de votos de sus pares. El presidente Abdo Benítez vetó la ley por ser inconstitucional ya que el artículo 201 no permite una mayoría calificada.

Ambas cámaras siempre tuvieron posturas dispares en cuando a la expulsión de uno de sus miembros. Mientras en el Senado se llegó a utilizar la pérdida de investidura de manera demasiado ligera en algunos casos, en Diputados decidieron abroquelar a sus miembros sospechosos de tráfico de influencias.

Pero todo cambió cuando el pleno del Senado tuvo que tratar la pérdida de investidura de Rodolfo Friedmann. Hasta entonces, todos los expulsados pertenecían a otros sectores, y no al que coyunturalmente tiene la mayoría y maneja los hilos de la cámara. A partir de allí, los legisladores “descubrieron” que necesitaban una ley reglamentaria y una sentencia judicial previa, así que presentaron el proyecto en cuestión que avanza a paso de tortuga, y no hay ninguna posibilidad de que la ley pudiera quedar sancionada antes del receso legislativo que se inicia el 20 de diciembre.

Por lo tanto, Friedmann y cualquiera que pudiera ser acusado de tráfico de influencias permanecerá apoltronado en la banca que consiguió a través de una decisión administrativa del presidente de turno de la cámara, hasta, por lo menos, marzo del año próximo, sin importar el aluvión de pruebas que existan en su contra.