ADN Digital
Artículos relacionados
ASUNCIÓN. Eduardo Aguayo, miembro de la Asociación de Asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS), lamentó que los senadores hayan operado en gavilla para aprobar un proyecto de ley nefasto y que pone en riesgo los fondos jubilatorios de la previsional. Reiteró el gran perjuicio que la promulgación de la normativa, impulsada por el oficialismo, puede acarrear al IPS. Dijo que no tienen esperanza de que el presidente Mario Abdo vete la iniciativa, aunque todo depende de la capacidad de movilización de los afectados directos, es decir, los asegurados.
“Es una crónica de un desenlace anunciado. Así como se dio la operación cicatriz para salvar del juicio político a (Antonio) Fretes, también operaron ayer (los senadores), solamente que de una manera mucho más astuta; primero dando el quórum y segundo teniendo ya el voto suficiente darle luz verde a este proyecto nefasto que pone en peligro fondos jubilatorios”, manifestó Aguayo, en entrevista con la emisora 650 AM.
En cuanto a la posibilidad de revertir la situación, dijo que “eso depende de la capacidad de movilización y disposición para ello de la gente. Ayer hubo una manifestación importante, pero no fue suficiente para enfrentar al legislativo como para dejar de lado este proyecto”. Acotó: “lo que hay que ver es si la presión que de acá en adelante se pueda ejercer pueda lograr persuadir al presidente de la República para vetar este proyecto”.
El gremialista insistió que la sanción de la ley “fue un golpe, más allá de que ya sabíamos que era la hipótesis más probable. Es un golpe que desmoraliza, porque lo que se vislumbra es un nuevo manotazo a los fondos previsionales. Desde un primer momento sabíamos que la redacción propia del proyecto no es más que una maniobra, que es insostenible que ese 5 % de salud vaya a garantizar el pago de ese préstamo multimillonario. Es insostenible la posibilidad de cubrir con un préstamo de 20 millones de dólares recortando el presupuesto de salud, porque lo que va a ocurrir es un aumento a la medida que pase el tiempo del número de asegurados y en consecuencia se va a volver insostenible seguir recortando ese presupuesto de salud. En consecuencia se va a tener apelar al único presupuesto que genera renta que es el presupuesto de jubilación e inversiones”.
“SE VAN A REPARTIR EL DINERO”
Aguayo afirmó que parte de ese recurso se van a distribuir entre quienes impulsan y apoyan el proyecto de ley, para destinarse a la campaña política. “No hay demasiada ciencia para entender lo que está ocurriendo. Lastimosamente hay una disposición para que todos los comensales, más allá de ciertas diferencias coyunturales, que se sientan en la mesa van a tener que repartirse ese dinero. Tenemos razones suficientes para considerar que parte de esa plata va a aceitar los circuitos electorales que se están desarrollando en este periodo”, subrayó.
Por otro lado, dijo que desde la asociación consideran el anuncio de desabastecimiento es un chantaje por parte de las empresas farmacéuticas y laboratoriales. Al respecto recordó que “hay un ingreso prácticamente mensual dentro del IPS de unos US$ 50 millones aproximadamente y en consecuencia existen más que razones suficientes desde el punto de vista financiero para generar una espera o una refinanciación de esa deuda, considerando incluso todos los créditos a su favor que tiene la previsional. Esto no solamente considerando la deuda histórica del Estado y del sector privado, que en materia de evasión alcanza aproximadamente 500 millones de dólares”.
Remarcó que “es un sinsentido completo, que teniendo tantos créditos a su favor exista un actuar tan negligente por parte de la previsional para no efectivizar estas deudas y en consecuencia, sin inconvenientes, pagar esa deuda”.
Entretanto, aclaró que además consideran que esa deuda de la previsional con las proveedoras tiene un “montón de cuestiones sospechosas”. “Si uno atiende a todas las denuncias, sobre todo lo que han hecho los medios de prensa respecto a licitaciones amañadas, a sobrefacturaciones, a un montón de negociados, entonces lo más lógico acá es hacer una depuración de esa deuda, lo que significa auditar para ver qué es lo que corresponde pagar y qué puede ser sospecha de negocios fraudulentos”, puntualizó.
