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ASUNCIÓN. Tal como estaba previsto, una vez que se supo que el Ministerio Público había imputado al presidente del PLRA, Efraín Alegre, por falsificación de documentos por la suma de 1.700 millones de guaraníes, se movilizó toda la estructura oficialista liberal con el consabido libreto de la persecución política –en lo que quedaron salpicadas todas las instituciones- y la mano de Horacio Cartes dentro de toda la crisis.

El titular de la Subsecretaría de Tributación (SET), Óscar Orué, fue contundente al rechazar la acusación de que en la entidad hay interés de perseguir a Alegre, además de repetir que en los informes presentados por el PLRA hay inconsistencias, las que sirvieron de base para la imputación.

Las inconsistencias son por la suma de 1.700 millones de guaraníes, justamente la que tiene que ver con las facturas clonadas que habrían denunciado liberales de la disidencia y en donde, además de Alegre, están imputados responsables de la campaña partidaria en el Alto Paraná.

“Cuando recibimos las denuncias, Tributación hizo las investigaciones y las empresas vinculadas dijeron que no emitieron facturas al PLRA, sino que eran otras personas. Entonces, nosotros encontramos facturas que podrían ser clonadas, lógicamente con montos diferentes”, dijo Orué en una entrevista radial.

Las irregularidades tienen que ver con los diferentes montos de las facturas que tenían el mismo número y timbrado. Recordó que la institución que debe realizar el control de las documentaciones es el Tribunal Superior de Justicia Electoral al recibir las rendiciones de cuentas.