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El capitán del Ejército retirado y a la vez diputado federal, el candidato por el Partido Social Liberal, Jair Bolsonaro, se empeñó los últimos tiempos en conquistar los votos del “mercado”. Primero en la carrera para las elecciones presidenciales de octubre en Brasil, cuando se borra a Lula del menú de postulantes, logró acumular fuerzas a partir del segmento de hombres blancos y ricos. Es allí donde consigue su mejor performance: recoge las preferencias de 34%. Pero su popularidad no es fuerte entre el electorado de clase baja, por lo que no le alcanza para gobernar.
BRASILIA.- El candidato ultraderechista Jair Bolsonaro, se afianzó en las encuestas después de que demostró su intimidad con los programas de privatización y austeridad fiscal. Para ratificar esa convicción puso como asesor principal de su programa al economista de los “Chicago Boys”, Paulo Guedes.
Pero así como es exitoso entre los más adinerados y educados, pierde entre los pobres. Es allí donde Marina Silva, la exsenadora y exministra de Medio Ambiente de la gestión de Lula, obtiene los resultados más prósperos y bajan las opciones por Bolsonaro (quien alcanza una magra cosecha de 13%).
Ese es el talón de Aquiles del candidato de la “derecha radical”, como prefiere llamarlo la prensa brasileña. Una forma de disimular, si se quiere, la calificación más apropiada: “ultraderechista”. No es un dato menor el pasado militar de Bolsonaro, que coincidió en sus albores con la dictadura militar. Sus seguidores son los mismos que durante la huelga de camioneros, a principios de junio, lograron colgar carteles con la inscripción: “Intervención militar ya”. A diferencia de la Argentina, donde el rechazo por los uniformados es dominante, en Brasil las Fuerzas Armadas mantienen su prestigio.
La consultora Datafolha mostró, en su última investigación (del 14 de junio) que los militares conservan una buena imagen en la población: 37% de los encuestados demostraron mucha confianza en la institución; 41% manifestaron tener un poco y 20% son abiertamente desconfiados. Es marcada la diferencia con los partidos políticos (con una desconfianza de 68%) y con el Congreso Nacional, rechazado por 67% de la población. La presidencia de la República (es decir, el gobierno de Michel Temer) tiene el índice más alto de la historia en desconfianza: 64%.
No es de extrañar, en este contexto, que la gran mayoría de los jóvenes brasileños de entre 16 y 24 años quiera irse del país. El 62% de ellos declaró que quieren migrar hacia Estados Unidos, Japón y países europeos. Aunque un poco menor, no deja de sorprender la situación de los adultos de entre 25 y 34 años. La mitad (exactos 50%) quiere abandonar Brasil. La onda alcanza hasta los adultos de más de 60 años: entre ellos, la voluntad de “exiliarse” llega a 24%. Estos datos revelan una situación dramática, donde dominan las faltas de perspectivas económicas y sociales.
Eso también explica el elevadísimo porcentaje de brasileños que no quieren ir a las urnas o que si lo hacen, será para anular el voto.
ESTUDIO REVELA AGUDA DESIGUALDAD SOCIAL Y CONCENTRACIÓN DE RIQUEZA
El estudio lo difundió la influyente Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y afirma que se congeló la movilidad social en el país brasileño, y que 1% de la población absorbe 23% de la totalidad de la renta.
La movilidad social brasileña está por el piso. La posibilidad de alcanzar un nivel económico y educativo superior está muy por debajo del promedio mundial. Cada 10 niños que nacen en hogares pobres, 3,5 morirá en la miseria. Es el dato que aporta la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en una investigación publicada el 15 de junio.
El documento, titulado “¿El ascensor social descompuesto?”, revela el paralelismo entre ese indicador y la desigualdad en la apropiación de los ingresos. Apenas 1% de la población brasileña, el estamento superior, absorbe por sí sola 23% de la renta; superior al promedio mundial que está por debajo del 20%.
Esas cifras dan cuenta, por sí solas, del correlato de violencia que asedia al gigante sudamericano. Y de la crisis política, casi insoluble, que lo atraviesa desde fines de 2015. El informe de la OCDE lo coloca en el penúltimo lugar de la desigualdad, entre los 30 países analizados. Y señala que los descendientes de familias pobres deberán aguardar al menos 9 generaciones para cambiar de estatus.
En Argentina, al igual que en Francia, será preciso aguardar un tiempo considerablemente menor: 6 generaciones. En promedio, en el mundo desarrollado se habla de cambios económicos y culturales de los estratos más pobres en 5 generaciones.
