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ASUNCIÓN. La comisión directiva de la Sociedad de Escritores del Paraguay (SEP), mediante un comunicado, manifestó su “preocupación y solidaridad gremial” con Miguel Ángel Fernández (82), poeta, escritor, docente e investigador, dado que la Fiscalía lo imputó por presunta comisión de los hechos punibles de Daños a Bienes de Patrimonio Cultural, Perturbación de la Paz Pública y Violación de la Cuarentena Sanitaria en los hechos vandálicos ocurridos el 5 de septiembre último frente al Panteón de los Héroes.
“Reafirmamos nuestro total rechazo a los actos que han causado daño a un valioso patrimonio cultural e histórico, pero nos preocupa que el Ministerio Público extienda la imputación a personas que simplemente acudieron a manifestarse”, añade la divulgación.
Desde la SEP señalaron igualmente que el derecho a la libre reunión y a la libre expresión están consagrados en la Constitución Nacional, añadiendo que no hay “constancia” de que Fernández “haya sido parte de los hechos puntuales de las pintadas en las paredes y la quema del pabellón”. La manifestación de solidaridad se extiende asimismo a Diana Bañuelos, dirigente del Partido Revolucionario Febrerista.
“El no haber usado tapabocas en el momento de dirigir la palabra durante el acto, a pesar de que los llevaban puestos, puede interpretarse como una violación del Código Sanitario en el contexto de la pandemia de COVID-19”, admiten, entre tanto, desde la SEP.
Pero agregan que “llama la atención” que la Fiscalía no aplique el mismo criterio a autoridades del Gobierno y a miembros del Partido Colorado que “también han aparecido en actos públicos, con gran concurrencia, haciendo uso de la palabra sin usar tapabocas”.
“Nos preocupa que estas imputaciones obedezcan a una persecución política y a una selectividad punitiva ante el ejercicio del derecho a la manifestación, que evoca lamentables prácticas autoritarias de abuso de poder y de instrumentación de la Justicia, como en la negra época de la dictadura”, añadieron la comisión directiva de los escritores.
“Desde la SEP reclamamos a las autoridades de la Fiscalía su desvinculación del caso, ante la falta de evidencias de su participación directa en los delitos investigados, como de las demás personas imputadas solamente por haber acudido a hacer uso de derechos constitucionales”, finaliza el mensaje.
