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El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Acción Social (SAS), reaccionó con celeridad ante la invasión del Cuartel de la Victoria por parte de un grupo de supuestos “sintechos”, defendiendo la necesidad de restaurar cuanto antes los derechos de propiedad que están siendo avasallados, como corresponde por imperio de la ley, pero planteando al mismo tiempo soluciones concretas a las demandas de los ocupantes, a quienes ofreció otras propiedades que fueron adquiridas por el Estado durante el gobierno de Fernando Lugo. Habrá que ver ahora qué actitud asumen los dirigentes de este movimiento; si se avienen a una salida satisfactoria para quienes aspiran a un lote en el cual asentarse o si, por el contrario, se aferran a permanecer en el sitio, tal como propicia el Frente Guasu, entre otros, con el único fin de provocar una situación altamente conflictiva, que desembocará inexorablemente en el desalojo de estas personas.
Hagamos un rápido repaso de cómo vienen registrándose los hechos. La ocupación se produjo al filo de la media noche del pasado 23 de marzo, hace 12 días, cuando alrededor de 500 personas llegaron al lugar en 12 ómnibus. La cantidad fue aumentando con el correr del tiempo hasta llegar a casi 1.200 en el presente, merced a la displicencia ya característica del Ministerio Público y la Policía Nacional ante hechos de esta naturaleza.
A la velocidad del rayo, los senadores pertenecientes al luguismo comenzaron a promover un proyecto de ley de expropiación de una buena parte de la propiedad perteneciente a las Fuerzas Armadas, más de 40 de las 76 hectáreas, en beneficio de los ocupantes. Dicen que “los abuelitos” (los excombatientes), ya no están y que debe dársele un uso social, construyendo en el lugar “un barrio ecológico”, que paradójicamente supondría acabar con una amplia extensión de tupido bosque.
Dos enfoques diametralmente opuestos ante un mismo problema. El del Ejecutivo, proponiendo medidas convenientes para quienes plantean demandas legítimas, y el de las fuerzas que actúan bajo el liderazgo del exobispo, impulsando medidas que no son viables, al solo efecto de generar un ambiente de crispación social, del cual sacar algún rédito electoralista.
Entre medio escuchamos diversas opiniones, algunas que no toman en consideración la existencia de los problemas sociales, al margen de las manipulaciones políticas que sin dudas existen, otras directamente delirantes. Por ejemplo, la Asociación Rural del Paraguay salió raudamente a reivindicar la propiedad privada como “un derecho sacrosanto”, pero sin enunciar siquiera una fórmula de solución al caso que está en pleno desarrollo; mientras que el presidenciable por la Alianza Ganar, Efraín Alegre, traspasó ampliamente los umbrales del disparate al responsabilizar a Horacio Cartes por la ocupación.
La expropiación es un mecanismo previsto por nuestra Constitución Nacional, que puede y debe ejecutarse cuando los fines sociales así lo exigen. Pero este no es el caso, por razones que van desde cuestiones históricas hasta de tipo ambientales. Sin embargo, la más importante de todas es que en el Departamento Central existen terrenos del Estado para ese menester, adquiridos cuando el Frente Guasu estaba en el gobierno y manejaba la Secretaría de Acción Social, por lo cual, se supone, reúnen los requisitos adecuados para que familias de sin techo se asienten en ellos.
Los dirigentes de las agrupaciones que promovieron esta ocupación dijeron ayer estar dispuestos a considerar las ofertas del gobierno y, acuerdo mediante, retirarse del Cuartel de la Victoria sin necesidad de que se proceda a desalojarlos. Esperemos que así sea y que los políticos que buscan pescar en río revuelto no los seduzcan con sus eternos cantos de sirena, que solo tienen por objetivo obtener unos cuantos votos para llegar al Congreso y, acto seguido, “olvidar” por otros cinco años las causas populares, de las cuales dicen (solo dicen) ser sus redentores.