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A raíz de una denuncia de la Dirección General de Garantías Constitucionales, la Corte Suprema de Justicia comprobó, a través de una auditoría, irregularidades en la asignación de rematador público en dos juicios sobre acción ejecutiva. La investigación se realiza a la Sala de Garantías Constitucionales de la Tercera Circunscripción Judicial (Itapúa). El Ministerio Público también interviene en la causa, en la cual ya fue suspendido el rematador, mientras que una actuaria y un abogado están siendo investigados.
ENCARNACIÓN.- Conforme a la investigación, el rematador público Atilio Estigarribia Salina, habría sido asignado fuera del sorteo informático. Los antecedentes del hecho fueron remitidos al Ministerio Público y como resultado preliminar del sumario, el rematador fue suspendido, mientras que la actuaria judicial, María Luisa Ortigoza Vázquez y el abogado Christian Velázquez, están siendo investigados y no se descarta la implicancia de otras personas.
En ese sentido, funcionarios de la Corte y el Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Itapúa se encuentran realizando los procedimientos de rigor. La presidenta del Consejo de Administración, Elsa Kettermann Diessel, encabeza igualmente los procedimientos tendientes a identificar a los autores materiales y dilucidar el hecho punible.
De acuerdo a los antecedentes, a principios de junio, el referido Consejo había dispuesto una auditoría luego de que la directora general de Garantías Constitucionales, Remates y Peritos Judiciales denunció la existencia de irregularidades en la designación del rematador público, Atilio Estigarribia Salina, en la tramitación de dos juicios del Banco Itapúa Saeca. Dicha auditoría comprobó que el mencionado rematador no se encontraba designado en los juicios “Banco Itapúa Saeca c/ Jair Grebinski s/ Ejecución Hipotecaria” y “Banco Itapúa Saeca c/ Egidio Jorge Korbes s/ Acción Ejecutiva”, pero sin embargo su nombre figuraba en los edictos publicados.
Posteriormente verificaron in situ los expedientes mencionados, debidamente autenticados por la actuaria María Luisa Ortigoza, a cargo de la secretaría N° 5 del Juzgado Civil y Comercial del Tercer Turno de Encarnación, y encontraron dos comprobantes de sorteos con el mismo número de ronda sin la correspondiente firma y sello de la jefa de la Oficina de Garantías Constitucionales de Encarnación.Teniendo en cuenta que el actuario judicial es el funcionario responsable de controlar que todos los documentos agregados a los expedientes judiciales cumplan con los requisitos formales que las normas establecen, el Consejo de Superintendencia también abrió sumario a la actuaria María Luisa Ortigoza Vázquez.
Por otro lado, la auditoría constató que los oficios mencionados fueron retirados por el abogado Christian Velázquez, representante legal del Banco Itapúa, a los efectos de llevar a cabo presuntamente su diligenciamiento, cuando es potestad exclusiva del juzgado realizar el trámite de dichos oficios. El citado profesional también fue sumariado.
