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La nueva Ley de Financiamiento Político, que evitaría que los narcos siguieran contribuyendo a las campañas, fue postergada una y otra vez durante todo el año pasado. Lo mismo ocurrió con el juicio político a 3 ministros de la Corte y la sanción del marco legal adecuado para la prometida guerra contra el narcotráfico. La excusa es simple, fue por pura politiquería.
ASUNCIÓN.- Es incalculable el daño que la politiquería hace al país. Hay que diferenciar bien este cáncer de lo que significa la política, la que debe interesar a todos los ciudadanos porque es la que define el tipo de vida que tendremos los habitantes del país. Pero esta otra, la rastrera y sucia, lo único que hace es entorpecer cualquier obra, buscando siempre la cuarta pata al gato para frenar las iniciativas que pudieran beneficiar a la mayoría, porque quienes la aplican están interesados en sus beneficios personales y no les interesa pisar cabezas con tal de obtenerlos.
La clase política se comprometió públicamente a sancionar una nueva Ley de Financiamiento Político que estableciera la obligación de que los partidos rindan cuenta sobre sus financistas, identificándolos con nombre y apellido. Esto no es fruto de un capricho sino del hecho de haber quedado firmemente comprobado que la narcopolítica se nutre del anonimato y, aportando a diversas campañas, sin identificarse, ha podido imponer candidaturas en todas las regiones del país y, hasta en las cámaras del Congreso.
Pero a pocos meses de que el Tribunal Superior de Justicia Electoral realice la convocatoria para las internas partidarias de este año y las generales de abril del 2018, no hay ningún cambio. Sigue vigente la vieja ley, la que permite que los NN aporten a una o todas las campañas que se les dé la gana, y esto es sencillamente porque ningún sector político quiere dejar de recibir la plata dulce de la mafia, con la que no pocos operadores pasaron de pobres a ricos en un abrir y cerrar de ojos. La misma postura tienen varios sectores políticos con el paquete de leyes que debían modificarse para que la lucha contra el narcotráfico sea más sencilla y con resultados más contundentes.
Lo del juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia Sindulfo Blanco, Óscar Bajac y César Garay otra vez no tuvo ningún avance durante el año pasado, porque la disidencia colorada y sectores de la oposición se niegan a enjuiciarles porque, casi todos, tienen expedientes que dependen de estos representantes del máximo tribunal de la República y no quieren predisponerles en contra. Es más, les conviene que sigan integrando el colegiado, aunque las pruebas de que cometieron delitos sean abrumadoras.
