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A tres días de que el marista, Miguel Cuevas fuera nombrado como titular de la Cámara Baja, la Fiscalía presentó sus conclusiones sobre una denuncia en su contra por el presunto faltante de 40.000 millones de guaraníes durante su gestión como gobernador de Paraguarí. Ese mismo día, el juez de la causa desestimó el pedido de investigación. Llamativamente, el legislador nombró en la víspera a personas allegadas al agente del Ministerio Público y al magistrado, lo que podría dar pie a otra investigación, esta vez por tráfico de influencia.
ASUNCIÓN.- Con menos de 2 meses al frente de la Cámara de Diputados, Cuevas tiene ya tantos cuestionamientos que lo único que podemos preguntarnos es si resistirá el escándalo o, necesariamente, moderará su actuación, por lo menos disimulando sus entuertos.
Una publicación de los diarios La Nación y Hoy da cuenta de que Cuevas nombró como funcionarios permanentes a uno que había sido comisionado del Poder Judicial, y otro del Ministerio Público, ligados, casualmente al juez y al fiscal que lo liberaron en el caso que investigaba un supuesto faltante de 40.000 millones de guaraníes, de cuando era gobernador de Paraguarí.
El caso se descubrió luego de que la cámara, con bastante demora, respondiera al pedido de informes presentado por el Partido Patria Querida, del cual Rocío Vallejo informó que en la respuesta se descubrió que los dos funcionarios comisionados figuraban como permanentes, y lo llamativo es que están ligados al caso que se le sigue a Cuevas por las numerosas irregularidades descubiertas en Paraguarí.
Ni bien asumió la Presidencia de la cámara, el caso de Cuevas pareció morir de inanición, puesto que ni la fiscala Sonia Pereira ni el juez Blas Francisco Cabriza encontraron razón suficiente para seguir con el proceso, y decidieron blanquear al diputado añetete.
Pues bien, en el mes pasado, fueron comisionados dos funcionarios, uno de la Fiscalía y el otro del Poder Judicial, a la cámara, y, según Vallejo, ahora se descubre que ambos están ligados tanto a la fiscal como al juez que liberó a Cuevas, lo que implicaría claramente tráfico de influencias, que es por lo que ahora el presidente de Diputados debería ser investigado.
Así que uno de los funcionarios, Juan Espínola, que llegó del Ministerio Público y en la cámara ocupa el cargo de director de Proyectos en estudio, es esposo de la asistente de la fiscal Pereira. Y Alex Aguirre, comisionado desde la Justicia, fue secretario del juez Cabriza. Ambos figuran como permanentes, aunque, en realidad, son comisionados de otras instituciones desde el mes pasado.
