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Hace casi un año que se presentó el libelo acusatorio en contra del contralor general de la República, Enrique García, por la Cámara de Diputados al Senado, responsable del juzgamiento y después de una dilación excesiva, por fin, en marzo se resolvió dar curso a la denuncia e iniciar el proceso constitucional.
Claro que si analizamos los casos anteriores vemos que a los senadores les encanta postergar la definición de los juicios políticos, ya que para juzgar a 3 ministros de la Corte tardaron 4 años, a tal punto que uno de ellos logró su jubilación sin que las denuncias en su contra fueran consideradas por quienes debían juzgarlo.
Tanto para el caso de los ministros como para el de García, el argumento utilizado por los senadores es que no querían que la cámara volviera a ser acusada de realizar un “juicio exprés” como ocurrió con Fernando Lugo en el 2012, en donde en pocas horas se definió la acusación y el juzgamiento, no respetando “el debido proceso”, como si se tratara de un juicio ordinario y no político.
Sin embargo, esto más parece una excusa mal urdida por los legisladores, ya que sus motivaciones habrían sido bien diferentes, y nadie puede creer que ellos sean tan idiotas como para confundir las características de los dos tipos de juicios, tan diferentes entre sí y, sobre todo, con decisiones que afectan a ámbitos tan dispares.
La única facultad, como tribunal, que tiene el Senado es someter a juicio político a altos funcionarios del Estado, desde el presidente de la República y los ministros de la Corte, hasta el contralor y otros representantes de instituciones fundamentales de la República. Y ese juicio debe manejarse de manera totalmente diferente a los que se realizan en el Poder Judicial, porque la cámara no es un órgano jurisdiccional.
Por lo tanto, los 9 meses transcurridos desde que se acusó al contralor, no pueden ser considerados normales en un juicio político que tendría que ser rápido y sin las largas esperas, que se prestan más a sospechas que a otra cosa. Posiblemente sea eso lo que ocurrió, tal como fuera denunciado en varias ocasiones. Los senadores postergan la definición de los juicios políticos sometidos a su consideración porque utilizan la figura para chantajear a quienes están sentados en el banquillo de acusados, buscando obtener beneficios personales o grupales.
Así que durante meses se negocia la condena o la absolución, dependiendo exclusivamente de lo que la otra parte está dispuesta a dar. Y, para colmo, como la cámara necesita mayoría absoluta de dos tercios para condenar al funcionario sometido al juzgamiento, se utiliza el tiempo para buscar acuerdos que poco o nada tienen que ver con la culpabilidad o la inocencia del mismo, o con la conveniencia que su salida o permanencia pudiera implicar para la ciudadanía.
Esto es lamentable porque los senadores han banalizado de tal manera una figura constitucional perfectamente válida y que fue creada para liberar a la ciudadanía de quienes no cumplen con lo que se espera de ellos, que hoy en día se ve al juicio político más como moneda de negociación, en la que nadie cree, que como un recurso que beneficie a los electores que no tienen derecho a revocar el mandato de quienes les engañaron para conseguir sus votos.
Hoy termina el circo e, increíblemente, hasta ahora se duda que haya votos para condenar al contralor. Probablemente sea absuelto, lo que aumentará la sensación de burla y manoseo que ya se percibe en este momento.