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Ex presidente de la Asociación de Médicos del Alto Paraná.
Como si a la situación de Ciudad del Este le faltara un condimento para que su sombrío panorama empeore aún más, sorpresivamente el Ministerio de Trabajo emite la Resolución 989 donde suspende por el término de seis meses la realización de los exámenes médicos admisionales y periódicos, previstos en el Código Laboral Art. 275 y en el Decreto nº 14390/92, Art. 262 del reglamento general técnico de seguridad, higiene y medicina en el trabajo.
En este momento de Pandemia, semejante medida irracional deja desprovistos a los obreros del examen médico periódico y admisional y pone en riesgo a numerosas empresas que también sufren los efectos de la crisis, pero cuidan a sus obreros porque saben que son sus principales activos y merecen todos los cuidados que obliga la Ley.
Los exámenes mencionados también son utilizados por el IPS para la admisión al seguro social.
Es irracional la resolución emitida por la ministra Bacigalupo, de pobre gestión, para complacer a la UIP y a la CAPASU, cámara de supermercados, que no quieren pagar por esos exámenes amparándose sin rubor, en la crisis generada por la pandemia. Los del Ministerio de Trabajo deben recordar que el Código Laboral y los decretos respectivos están inspirados en los principios contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada en 1948, en la Asamblea de la ONU, como también en la Conferencia de Bogotá en 1948 y convenios firmados por el Paraguay.
El Ministerio de Trabajo, antes que apoyar a algunas empresas logreras en sus demandas, debería obligarlas a que se ocupen de la seguridad y la salud de sus obreros, incluyendo en la lista de exámenes médicos periódicos, la realización de testeos para la detección temprana del Coronavirus, además de ropas protectoras que les permitan concurrir sin riesgo a sus trabajos y su incorporación como asegurados al IPS.,
La Resolución emitida por Bacigalupo viola la Constitución Nacional, tratados internacionales y desprotege a las empresas que sostienen la economía nacional, porque si se detecta una contaminación con el COVID 19, el Ministerio de Salud se verá obligado a cerrar la empresa por 40 días y sus colaboradores enviados a cuarentena.
La resolución 989/20 es peligrosa e insensata. En el Brasil la pandemia se dirige hacia el sur, es decir hacia nuestro país, y recemos para que la situación no siga agravándose porque no estamos preparados para enfrentarla en gran escala, menos aun con “ayuditas” como la de la ministra.
