Los aumentos fueron desde el 20% hasta 130%, violando de esa manera la Ley de la Función Pública. Hacienda analiza declarar vacantes los cargos beneficiados por el salariazo. Silvio Ovelar, presidente del Senado, descargó su molestia contra la Bicameral de Presupuesto. Salud fue la repartición más favorecida, repartición “protegida” de Desirée Masi durante el estudio presupuestario. Ahora, que se destapó el manoseo del dinero público cuestiona a Benigno López.
ASUNCIÓN.- El incremento salarial fue de entre un 20% y hasta 130% de lo que percibían los funcionarios públicos hasta diciembre pasado. Supera el tope de ajuste posible, según la Ley 1600/2000 de la Función Pública. Este ‘salariazo’ beneficia a 2.123 empleados del Estado en 9 instituciones de la Administración Central y Diputados.
Esta situación, en números, se convirtió en un ‘pelota tatá’ que quema a los jugadores que se pasan la responsabilidad. Hasta el momento, el centro de atención está en la Comisión Bicameral de Presupuesto, aunque dos de sus integrantes, la senadora Desirée Masi y Arnaldo Samaniego aseguran que actuaron conforme a las leyes.
Llama la atención que las reparticiones con más beneficios fueran Salud, (ministerio mimado de Masi) y Diputados, sede donde funge Samaniego.
Silvio Ovelar, presidente del Congreso, demostró nuevamente porqué lo llaman “trato apú’á”, en menos de 24 horas giró de opinión y dijo que “los legisladores tienen toda la facultad constitucional para modificar y aprobar el presupuesto de la nación, incluyendo los incrementos salariales”. Con esta frase defendió el denominado “salariazo”. El lunes nomás, un molesto presidente del Parlamento exigió al diputado Arnaldo Samaniego, presidente de la bicameral, que dé la cara y explique lo que estaba sucediendo.
Los aumentos exigirán partidas presupuestarias de US$ 20 millones al año, (US$ 200 millones en 10 años) y absorberá parte de los impuestos que serían generados por la Reforma Tributaria que se analiza en este momento en Hacienda.
Esto no es motivo válido para los responsables de la Comisión Bicameral de Presupuesto y manos para Ovelar, quien destacó que “se pudo haber hecho cosas incorrectas, pudo haber hasta injusticias en las asignaciones, pero de ninguna manera es ilegal e irregular”.
Insistió en que “puede ser una responsabilidad de los legisladores, ya que muchos de sus colegas ni siquiera saben lo que votan”, y esta afirmación agrava aún más la situación, pues esta irresponsabilidad se cargará sobre los hombres de los contribuyentes.
Entretanto, el ministro de Hacienda, Benigno López, aseguró que el Ejecutivo tiene todas las atribuciones de dejar vacantes los cargos y anunció que probablemente esa es la medida que tomarían.
El secretario de Estado fue convocado para la sesión de la Comisión Permanente de este martes, pero decidió no acudir y prefiere aguardar informes oficiales del Parlamento para determinar cómo resolver el problema.
Admitió que la aprobación es una ley, la cual se cumple o se cuestiona, pero por los mecanismos normales.
En tal sentido, aseguró que se puede sostener el presupuesto anterior, bajo el argumento de que los incrementos carecen de financiamientos.