ADN Digital
Artículos relacionados
Está demostrado que los parlamentarios, vinculados con los poderes del Estado, son “intocables”. Y sin dudas que el Congreso pasó a convertirse en el mejor lugar de protección de los denunciados ante la Fiscalía. Ahí están gozando de la más absoluta impunidad los senadores Fernando Lugo, Rodolfo Friedmann y los diputados Miguel Cuevas y Tomás Rivas.
ASUNCIÓN.- Todos los mencionados fueron denunciados formalmente, con documentos probatorios de los ilícitos en los que incurrieron. Sin embargo, está terminando el año y ninguna novedad se tiene sobre sus casos.
Fernando Armindo Lugo Méndez fue denunciado por dos electos y proclamados senadores, Horacio Manuel Cartes y Nicanor Duarte Frutos. La acción penal promovida, en la primera semana de julio, por el abogado Juan Sosa Bareiro, en representación de Cartes, fue por usurpación de funciones públicas y pidió su desafuero para que sea sometido a la justicia, por haber convocado a Rodolfo Friedmann a jurar en su reemplazo.
Inmediatamente después, a esa denuncia contra Lugo, se sumó la que hizo Nicanor Duarte Frutos, bajo las figuras penales de atentado contra el Estado, coacción contra los órganos del Estado, usurpación de funciones públicas, desacato, producción de documentos no auténticos, entre otros. Por estos hechos punibles, el legislador se expone a 10 años de cárcel, según establecen las leyes.
Ambas denuncias están paradas hace cinco meses y gracias a la inacción de la Fiscalía, el exobispo sigue tranquilamente y continúa también la impunidad.
En la misma situación se encuentra el senador “mau” Rodolfo Friedmann, denunciado por la supuesta comisión de los hechos punibles contra el patrimonio, tipificados como lesión de confianza, enriquecimientos ilícito, peculado por apropiación, producción mediata de documentos públicos y uso de documentos públicos.
Mientras tanto, el caso del presidente de Diputados, Miguel Cuevas, está “durmiendo” desde fines de setiembre. La denuncia fue presentada en la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, por supuesto enriquecimiento ilícito. La agente designada para el caso fue Josefina Aghemo.
El cuarto caso es del diputado de Paraguarí, Tomás Rivas. La Fiscalía lo investiga y hasta ya lo acusó al comprobar que tres caseros suyos cobraban salarios indebidamente en la Cámara Baja, sin prestar servicios.
El legislador se expone también a la pena de cárcel. Su imputación es por estafa, cobro indebido de honorarios y expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.
