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ASUNCIÓN. Tiene dictamen y está listo para ser tratado en plenaria del Senado el proyecto de Ley que previene el conflicto de interés en la función pública, combatiendo el tráfico de influencias y el acceso a información privilegiada.

La intención de este proyecto, según su autor, Derlis Osorio, es evitar que alguien que tiene intereses en el sector privado acceda a un cargo en la función pública en donde pudiera obtener información privilegiada que beneficie a sus intereses particulares, algo bastante frecuente, incluso en el gabinete actual, en donde existen altos funcionarios que ocupan cargos que les permiten acceder a datos que beneficien a sus empresas privadas.

Osorio sabe que el tema podría tener gran resistencia entre sus colegas, a pesar de lo cual ratificó que “es un proyecto muy importante que va a ayudar a la transparencia que necesita nuestro país. Busca combatir el tráfico de influencia y el acceso a la información privilegiada. Realmente es un proyecto muy ambicioso”.

Explicó que “hay grupos económicos que buscan introducir sus hombres en la función pública para acceder a información privilegiada y tanto la ciudadanía como el gobierno deben manejar ese tipo de información, sabiendo cuando un alto funcionario tiene intereses en el sector privado, que pueden colisionar con los intereses del sector público.

“Podrían haber muchos ejemplos. No quiero entrar a hablar de personas ni empresas, pero es una práctica habitual en muchos países, y en nuestro país todavía no se ha combatido este mal”, añadió.

Puso como ejemplo que un alto gerente del sector privado ocupe por un tiempo un puesto en la función pública y luego vuelva a su actividad privada, con mucha información privilegiada en sus manos. “Existe una alta probabilidad de que ese funcionario quiera ayudar de alguna forma a la empresa de donde proviene. Creo que va a haber gente que se va a oponer naturalmente. Es una cuestión que va a afectar a mucha gente, pero el Estado debe tomar nota”, explicó.

Este es apenas un primer paso, según Osorio, puesto que “a posteriori viene un proyecto que se denomina antipuerta giratoria, que tiene también antídotos para combatir este mal, que se da en diferentes estamentos, no solo financieros, y afecta el Ejecutivo, Legislativo y Judicial”, y añadió que será la Contraloría General de la República la que controlará los intereses de quienes ocupen altos cargos en la Función Pública.