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Karina Gómez dejó de ser ministra de la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). Renunció ayer, alegando motivo de carácter personal. Sin embargo, coincide con las fuertes críticas que tuvo últimamente, por la forma en que se realizó el alquiler de la quinta “Nápoles”, de Reinaldo “Cucho” Cabaña, y las entregas de los vehículos del procesado, pero sin condena, a entes públicos.
ASUNCIÓN.- El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, fue quien anunció ayer la renuncia de Karina Gómez como ministra de la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) y de inmediato sonó el nombre de Carolina Llanes, exinterventora de la Municipalidad de Ciudad del Este, para reemplazarla.
Karina sostuvo que deja la secretaría ordenada, con todas las documentaciones ordenadas, que “está en un proceso que se está iniciando”, señaló tras comunicar su decisión, la que se da luego de las polémicas que surgieron en torno a los bienes de Reinaldo “Cucho” Cabaña.
Fue muy criticada por la forma en que realizó el alquiler de la quinta “Nápoles”, del mencionado Cabaña, procesado y privado de su libertad, por narcotráfico y otros hechos punibles.
Karina Gómez, al ser consultada si su dimisión tenía que ver con las polémicas surgidas en los últimos días, manifestó que el motivo es de carácter personal, que se suma a ello también la cercanía de su permiso por embarazo.
Sobre los bienes de “Cucho” Cabaña, señaló que están en mejores condiciones o igual que cuando recibieron de parte del Ministerio Público. Remarcó que se cumplió a cabalidad con la ley que reglamenta la administración de los bienes por parte del Estado.
La Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) es la encargada de la administración de la quinta “Nápoles”, una de las propiedades de Reinaldo “Cucho” Cabaña, allanada en setiembre del año pasado durante el operativo Berilo, por el cual también fue detenido el supuesto líder narco que está recluido en el penal de Tacumbú.
El abogado de “Cucho”, Pedro Marinoni, había criticado la actuación de la Senabico con respecto al manejo de los bienes confiscados de su cliente. Incluso, presentó una acción de inconstitucionalidad contra la institución.
“Nápoles” fue puesto en alquiler para su explotación con fines turísticos, y quedó a cargo de una persona que paga G. 7 millones mensuales.
